El exministro de Gobierno Vladimiro Álvarez, quien ocupó el cargo en los periodos de 1984 y entre 1998 y 1999, realizó duras críticas al sistema judicial ecuatoriano, advirtiendo que la corrupción en el aparato judicial es una de las principales barreras para enfrentar con eficacia la creciente ola delictiva en el país.
“La complicidad de fiscales y jueces corruptos debilita profundamente la lucha contra el crimen organizado”, afirmó Álvarez, quien ha sido una voz constante en los debates sobre seguridad y justicia en Ecuador. Según el exfuncionario, la penetración del crimen en las instituciones judiciales ha permitido que redes criminales operen con impunidad, incluso desde el interior del sistema.
Durante su análisis, Álvarez explicó que la delincuencia ha evolucionado de ser un fenómeno marginal a convertirse en una estructura compleja, con vínculos internacionales, financiamiento ilícito y capacidad de influir en decisiones políticas y judiciales. «No basta con endurecer leyes o aumentar operativos; si la justicia está capturada, el crimen avanza«, sentenció.
A lo largo de su trayectoria política y académica, Álvarez ha advertido sobre los efectos de lo que él denomina “impunidad estructural”, un fenómeno que, según él, permite que los actores criminales influyan en los procesos judiciales mediante sobornos, amenazas o favores políticos.
El exministro también cuestionó el rol de algunos sectores políticos que, lejos de combatir el problema, han normalizado prácticas corruptas. “Hay sectores que prefieren una justicia domesticada antes que una justicia independiente, y eso tiene un costo alto para la seguridad ciudadana”, señaló.
En el actual contexto, donde los índices de violencia y homicidios en Ecuador han alcanzado niveles récord —con más de 8.000 muertes violentas registradas en 2023, según cifras oficiales—, las palabras de Álvarez se suman a una creciente preocupación sobre la efectividad del Estado en la lucha contra el crimen.
Finalmente, el exministro hizo un llamado a reformar con urgencia el sistema judicial y a fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas. “La batalla contra el crimen no se ganará solo en las calles, sino también en los tribunales”, concluyó.
