A inicios de marzo se cumplió una nueva visita del Fondo Monetario Internacional (FMI) a Ecuador, en el marco de la quinta revisión técnica del acuerdo del Servicio Ampliado (SAF), firmado en mayo de 2024 y con una duración de cuatro años.
El programa, que inicialmente fue establecido por 4.000 millones de dólares, se amplió posteriormente a 5.000 millones. Hasta el momento, el país ha recibido alrededor de 3.300 millones de dólares tras la aprobación de las primeras cuatro revisiones técnicas.
Los desembolsos se han dado de forma progresiva: 1.000 millones en mayo de 2024, 500 millones en diciembre de ese año, 600 millones en julio de 2025, otros 600 millones en octubre y 630 millones en diciembre. Con la nueva revisión, Ecuador podría acceder a 400 millones adicionales.
El cumplimiento de los compromisos con el FMI ha contribuido a mejorar la percepción internacional del país, reflejada en la reducción del riesgo país, que en los últimos meses ha bordeado los 400 puntos. Este contexto permitió incluso el reperfilamiento de deuda por cerca de 4.000 millones de dólares a inicios de 2026.
Contar con el respaldo del FMI no solo mejora las condiciones de financiamiento, sino que también facilita el acceso a créditos de otros organismos multilaterales y promueve la llegada de inversión privada. Además, impulsa reformas orientadas a fortalecer los ingresos fiscales, reducir el déficit, optimizar el gasto público y transparentar las finanzas estatales.
En paralelo, este proceso ha reducido la dependencia histórica de financiamiento proveniente de China, dando paso a mejores condiciones de endeudamiento, como mayores plazos, periodos de gracia y tasas de interés más competitivas.
Sin embargo, el reto principal sigue siendo el cumplimiento sostenido de las metas macroeconómicas y la implementación de reformas estructurales que permitan alcanzar una mayor sostenibilidad fiscal y menor dependencia del endeudamiento externo.
En este contexto, el uso responsable de la deuda es clave. No se trata de evitar el financiamiento, sino de direccionarlo adecuadamente hacia objetivos productivos que fortalezcan la economía nacional y mejoren la imagen del país ante la comunidad internacional.
Ecuador enfrenta así el desafío de consolidar su estabilidad económica, proyectarse como un destino confiable para la inversión y construir un modelo fiscal sostenible a largo plazo. (O)
