La comisión interinstitucional creada para diseñar políticas públicas que combatan el crimen organizado en Ecuador ya cuenta con sus primeros siete integrantes. Sin embargo, la conformación del grupo aún está incompleta, pues la Presidencia de la República, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura no han enviado a sus delegados, como fue requerido por la Corte Constitucional (CC).
Esta comisión fue establecida mediante un dictamen emitido por la Corte Constitucional al analizar la validez del Decreto Ejecutivo 493, firmado el pasado 2 de enero de 2025, que declaró el estado de excepción en varias provincias debido al aumento de la violencia y la amenaza del crimen organizado.
En su resolución, la Corte determinó que cuatro de las cinco funciones del Estado debían participar en la creación de esta instancia como parte de una estrategia para transitar hacia mecanismos jurídicos ordinarios, dejando atrás la constante aplicación de estados de excepción. La medida busca prevenir la “desnaturalización” de esta herramienta constitucional y fomentar un enfoque de seguridad ciudadana más estructurado y permanente.
Hasta el momento, los únicos delegados confirmados provienen de la Asamblea Nacional —cinco legisladores— y de la Defensoría del Pueblo, que aportó dos representantes. La falta de designaciones por parte del Ejecutivo y los órganos de justicia ha generado críticas, tanto desde el Legislativo como desde sectores académicos y organizaciones sociales que reclaman mayor celeridad y compromiso institucional.
El Gobierno, por su parte, ha manifestado su malestar con la decisión de la Corte Constitucional, argumentando que se trata de una interferencia que limita la capacidad del Ejecutivo para responder de forma ágil a las amenazas de seguridad. No obstante, aún no ha enviado oficialmente a sus representantes, lo cual deja a la comisión incompleta y sin posibilidad de empezar plenamente sus funciones.
Ecuador enfrenta una escalada de violencia sin precedentes. Según cifras oficiales, en 2024 se registraron más de 8.000 muertes violentas, muchas de ellas vinculadas a bandas criminales y al narcotráfico. La conformación de esta comisión representa uno de los pasos más importantes ordenados por la Corte para impulsar una respuesta coordinada desde el Estado.
