La Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional de Ecuador ha reactivado su fiscalización sobre el caso Las Malvinas, un suceso que ha generado alarma debido a lo que se califica como una presunta desaparición forzada de cuatro adolescentes ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en Guayaquil. La fiscalización fue reiniciada antes de la redacción del informe final sobre este trágico hecho. En este contexto, se convocó a varios representantes de organismos de defensa de los derechos humanos para que expusieran sus versiones y respaldaran sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos.
Billy Navarrete, representante del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, fue uno de los que compareció ante la comisión y reafirmó su pedido para que se inicie un juicio político contra el ministro de Defensa, Jean Carlo Loffredo. Según Navarrete, los hechos se desencadenaron cuando una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana detuvo arbitrariamente a cuatro jóvenes en la zona de Las Malvinas, sin que hasta el momento se haya justificado la razón de la detención. Aseguró que no hay evidencia de que los menores hubieran cometido un asalto o robo, como inicialmente se alegó.
Detención Arbitraria y Desaparición Forzada
Navarrete explicó que, tras la detención, los jóvenes fueron subidos a un vehículo militar a la fuerza y golpeados, según los testimonios de otros adolescentes que presenciaron los hechos. Posteriormente, los cuatro adolescentes fueron trasladados hasta la zona de Taura, donde, según los militares, los abandonaron en la carretera a las 22:00 horas. Después de recibir ayuda de un transeúnte para contactar a uno de los padres, los menores fueron reportados como desaparecidos.
No fue sino hasta el 24 de diciembre de 2024 que se hallaron cuatro cuerpos en esa misma zona, los cuales, tras las pruebas forenses, fueron confirmados como los de los jóvenes desaparecidos. Navarrete argumentó que este hallazgo no exime al Estado de la responsabilidad por la desaparición forzada, sino que la agrava aún más. En este contexto, subrayó que existen dos procesos judiciales: uno por la detención arbitraria de los menores, que involucró a 16 militares, y otro por las muertes de los jóvenes.
Respuestas Institucionales y Denuncias de Impunidad
El defensor de derechos humanos criticó duramente la respuesta inicial del Ministerio de Defensa, que negó la responsabilidad de los agentes del Estado y minimizó la detención de los menores. Además, cuestionó la actitud de las autoridades al insinuar que dar atención a las denuncias de las familias podría interpretarse como una forma de apoyo a organizaciones criminales.
Navarrete señaló que esta situación no es un caso aislado, ya que la Fiscalía General del Estado también ha documentado numerosas denuncias de abusos cometidos por las Fuerzas Armadas. Según las estadísticas oficiales, desde enero de 2024, la Unidad de Uso Ilegítimo de la Fuerza ha recibido nueve denuncias, 15 casos de ejecuciones extrajudiciales, 80 denuncias de tortura y 145 investigaciones abiertas, lo que refleja una grave crisis en el manejo de los derechos humanos en el país.
La Crisis Familiar y la Falta de Recursos
Las familias de los menores afectados se encuentran en una situación desesperante, ya que enfrentan dificultades económicas, incluyendo la falta de dinero para cubrir los costos del transporte a las diligencias judiciales. En este sentido, Mónica Luzuriaga, experta en derechos humanos, coincidió con Navarrete al señalar que el caso Las Malvinas debe ser considerado como una desaparición forzada, y destacó que la edad de uno de los menores, que aún era un niño, debió haber sido un factor determinante al momento de su detención.
Falta de Información Oficial
Lorena Jalón, representante del Comité de Defensa de Personas Desaparecidas, también expuso su versión sobre el caso. Aseguró que el Comité no recibió ninguna alerta oficial sobre el caso Las Malvinas, sino que fue a través de los medios de comunicación que tomaron conocimiento de la desaparición. A partir de allí, comenzaron a hacer seguimientos y pedidos de información a las autoridades estatales. Según Jalón, al menos 250 casos de desapariciones, que incluyen a niños y adolescentes, están siendo investigados actualmente.
La Respuesta Legislativa y la Necesidad de Datos Completos
La presidenta de la Comisión de Niñez y Adolescencia, Pierina Correa, reconoció la falta de cifras confiables sobre las desapariciones en el país y destacó la importancia de realizar un cruce de información para obtener datos consistentes y reales. Toda la información presentada por los defensores de derechos humanos y las organizaciones de personas desaparecidas servirá como base para la elaboración del informe final, cuyo plazo aún está vigente en la Asamblea Nacional.
