El Colegio de Abogados de Pichincha ha solicitado al Consejo de la Judicatura (CJ) la convocatoria de un nuevo concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), alegando posibles irregularidades en el proceso actual. Esta petición surge en medio de preocupaciones sobre la validez de las pruebas de confianza y la recalificación llevadas a cabo durante la fase de méritos del concurso para cubrir vacantes en el máximo órgano de justicia del país.
Ciro Guzmán, director del Colegio de Abogados de Pichincha, expresó que la reforma del reglamento y la organización de un nuevo concurso son cruciales para restaurar la integridad del sistema judicial. Guzmán subrayó que esta demanda es una de las acciones más significativas que la institución ha adoptado para enfrentar la crisis en la justicia ecuatoriana. En una rueda de prensa, Guzmán solicitó a la Contraloría General del Estado realizar una auditoría exhaustiva al proceso del concurso, no solo a la prueba de confianza sino a toda la gestión del mismo.
Guzmán destacó la necesidad urgente de cambios en el sistema judicial, comenzando por asegurar que los jueces de la Corte Nacional cuenten con la idoneidad y probidad necesarias. «No podemos permitir que el sistema continúe en el estado deplorable en el que se encuentra,» afirmó Guzmán.
El Consejo de la Judicatura, en una sesión extraordinaria celebrada el 15 de agosto, decidió remitir los informes sobre la prueba teórica del concurso a las áreas técnicas correspondientes y suspender su revisión hasta recibir los resultados de la auditoría solicitada a la Contraloría General. Esta decisión responde a sospechas de irregularidades en las pruebas de confianza y recalificación. El presidente del CJ, Mario Godoy, había solicitado previamente a la Contraloría una revisión del proceso contractual del examen de confianza, que fue gestionado por la empresa Métricas Web S.A.
Las autoridades del CJ han instruido a las direcciones nacionales de Talento Humano, Transparencia de Gestión y Administrativa a presentar un informe sobre el proceso de contratación con Métricas Web en un plazo de diez días. Además, se modificará el cronograma del concurso una vez que se reciban los resultados de la auditoría interna. El CJ ha afirmado que el concurso se ha desarrollado con transparencia y que actores externos participaron en las pruebas de méritos, psicológicas y teóricas.
Guzmán también propuso que el nuevo concurso cuente con una veeduría más robusta, que no solo incluya al Consejo de Participación Ciudadana, sino también a miembros de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y de la academia. Esta veeduría debería tener acceso completo a todo el proceso y la documentación relacionada, para garantizar una supervisión efectiva.
Por su parte, Yolanda Yupangui, vocal del CJ, adelantó que cualquier decisión sobre el concurso dependerá de una evaluación minuciosa de los informes recibidos. «Debemos establecer si hubo errores y definir el alcance de estos. Solo entonces podremos tomar decisiones informadas sobre cómo resolver el problema,» dijo Yupangui.
El Colegio de Abogados de Pichincha y el CJ están en un proceso de revisión crucial que determinará los próximos pasos para garantizar la integridad del sistema judicial en Ecuador.
