El Consejo Nacional Electoral (CNE) está considerando cambios importantes en el formato del debate presidencial obligatorio de 2025. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, explicó que los técnicos trabajan en un nuevo reglamento que haría el evento más interactivo. La modificación permitiría a los candidatos interactuar de manera más dinámica, a diferencia de los debates anteriores, donde los enfrentamientos se limitaban a un candidato y su oponente seleccionado por sorteo.
Atamaint comentó que esta actualización responde a las solicitudes de la ciudadanía que busca mayor dinamismo en los debates. «La idea es que los candidatos puedan interactuar con más de un contrincante, generando un debate más fluido y variado», señaló. Además, los cuestionarios para los candidatos también serán reformados, con preguntas más generales que faciliten el contraste de propuestas, evitando las preguntas demasiado específicas o amplias que dificultaban el debate en ocasiones anteriores.
El debate presidencial se llevará a cabo el 19 de enero de 2025, según el calendario electoral. Se planea que el evento dure tres horas y que los candidatos se dividan en dos grupos. El primer grupo participará de 19:00 a 20:30, mientras que el segundo intervendrá de 20:30 a 22:00. La propuesta está siendo evaluada por los vocales del CNE, quienes podrían hacer observaciones o sugerencias antes de aprobar los cambios.
Hasta la fecha, hay catorce candidatos presidenciales confirmados, aunque las postulaciones de Jan Topic (SUMA) y Carlos Rabascall (Izquierda Democrática) están siendo impugnadas en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
Desde 2020, los debates presidenciales son obligatorios en Ecuador, tras una reforma al Código de la Democracia. Esta normativa establece que los candidatos deben confrontar públicamente sus propuestas de gobierno tres semanas antes de las elecciones. Además, el debate es obligatorio tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral.
La ley exige que estos debates se realicen bajo los reglamentos del CNE, garantizando equidad, independencia, y la participación de la academia y medios de comunicación. Los candidatos que no asistan incurrirán en una infracción electoral grave, sancionada con destitución o suspensión de los derechos de participación por hasta cuatro años, además de una multa que oscila entre $9.660 y $32.200, lo que equivale a 21 a 70 salarios básicos unificados.
