Un grupo de representantes de la sociedad civil anunció la creación de una Comisión Cívica de Seguimiento al Concurso de Fiscal, con el fin de supervisar de forma independiente el proceso de selección del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado, organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Esta iniciativa reúne a miembros destacados de la comunidad jurídica, del periodismo y del ámbito académico, con el respaldo de la Embajada de Estados Unidos. El objetivo central del colectivo es asegurar transparencia, imparcialidad y legalidad en el concurso público que definirá al reemplazo oficial de Diana Salazar Méndez, quien presentó su renuncia el pasado 20 de mayo de 2025. Actualmente, la Fiscalía está bajo la dirección de Wilson Toainga Toainga, en calidad de fiscal subrogante.
Al frente de esta comisión estarán Paúl Ocaña, presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, y Guadalupe Fierro, expresidenta y actual síndica de la Unión Nacional de Periodistas (UNP). Ambos liderarán los esfuerzos de observación ciudadana, que se mantendrán vigilantes durante todas las etapas del concurso convocado por el CPCCS.
Cabe señalar que esta comisión opera de manera independiente, es decir, no fue acreditada como veeduría oficial del proceso. Ocaña justificó esta decisión señalando que las veedurías ciudadanas, en muchos casos, no son tomadas en cuenta por el organismo: “¿Para qué acreditarnos, si las veedurías no son escuchadas?”, cuestionó.
La comisión cívica buscará también promover el debate público y exigir al CPCCS una gestión técnica y transparente, en un momento clave para el país, dado el papel fundamental que desempeña la Fiscalía General en la lucha contra el crimen organizado, la corrupción y la impunidad.
Este esfuerzo refleja una creciente preocupación por parte de sectores ciudadanos respecto a los procesos de selección de autoridades en funciones clave del Estado, especialmente en contextos donde la legitimidad institucional es objeto de debate.
