En Loja, cinco personas enfrentan prisión preventiva tras ser acusadas de secuestrar a dos ciudadanos en un domicilio. La Fiscalía General del Estado ha iniciado el proceso judicial contra los imputados, quienes fueron detenidos después de un operativo policial.
La detención se produjo tras una audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, en la cual se presentó evidencia crucial sobre el caso. Según la Fiscalía, los agentes de la Policía fueron alertados sobre el secuestro y se dirigieron rápidamente al lugar del incidente. Allí, la conviviente de una de las víctimas explicó que un grupo de individuos encapuchados había ingresado al domicilio y, bajo amenazas, había llevado a dos personas.
La mujer proporcionó detalles sobre los sospechosos y el vehículo utilizado en el secuestro. Gracias a esta información, las autoridades llevaron a cabo una operación de búsqueda que permitió localizar a los sospechosos en la parroquia Garza Real. Aunque intentaron escapar, fueron capturados tras una persecución en varios sectores del cantón Zapotillo.
Durante el secuestro, las víctimas fueron sometidas a intimidaciones y agresiones físicas con un arma cortopunzante, mientras los secuestradores exigían una suma de $60,000 por su liberación. Bajo presión, los delincuentes abandonaron a las víctimas en un área despoblada, donde fueron finalmente rescatadas por la Policía.
En la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas clave, incluyendo testimonios de las víctimas y la denunciante, el parte policial, y el acta de evidencias. Entre las pruebas se encontraban dos armas de fuego, ropa utilizada durante el secuestro, y el vehículo en el que se transportaron los delincuentes.
El juez que atendió el caso dictó prisión preventiva para los acusados, identificados como Junior L., Alejandro V., Jonathan C., Juber C., y Jorge A. Además, el juez ordenó la prohibición de enajenar bienes y la retención de cuentas bancarias para garantizar una posible multa y compensación integral a las víctimas.
Este caso subraya la eficacia de la respuesta policial en situaciones de secuestro y la importancia de asegurar la justicia y la reparación para las víctimas de delitos graves.
