La mañana del viernes 7 de marzo, el complejo habitacional de Socio Vivienda, ubicado en el noroeste de Guayaquil, fue escenario de una fuerte intervención por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, después de la masacre ocurrida horas antes, donde 22 personas fueron asesinadas. La zona, conocida por su vulnerabilidad a la criminalidad, se encontraba militarizada y resguardada por unos 300 uniformados, incluyendo agentes del Grupo de Operaciones Especiales y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), en el marco del operativo «Resurgir 8».
Los allanamientos fueron realizados tras recibir alertas sobre la presencia de miembros de la organización criminal «Los Tiguerones» dentro del complejo habitacional. Según la Policía, estos individuos habrían ocupado ilegalmente varias viviendas originalmente entregadas por el gobierno a personas de escasos recursos. Estas acciones fueron parte de una línea de investigación relacionada con la matanza ocurrida en ese mismo sector, que se considera la peor masacre de los últimos años en Guayaquil.
Durante el operativo, las autoridades realizaron una inspección minuciosa en las viviendas de Socio Vivienda 4, buscando evidencias sobre los involucrados en la masacre y asegurando que los residentes estuvieran debidamente registrados como beneficiarios del programa habitacional. La subsecretaria de Viviendas del MIDUVI, Fernanda Roldán, informó que durante el operativo se descubrió que algunas personas no estaban adjudicadas para esas viviendas, y otras unidades estaban vacías. Ante esta situación, se advirtió que aquellos que no estén registrados serán desalojados inmediatamente conforme a los protocolos del MIDUVI.
Además de realizar el censo de los residentes, las autoridades decomisaron armas pesadas, incluyendo fusiles y escopetas, así como municiones y droga. Este material incautado refuerza las sospechas de que «Los Tiguerones» utilizan estas viviendas para sus actividades ilícitas, como el tráfico de armas y drogas, además de extorsión y robo. La operación también resultó en la detención de cinco individuos, quienes, según la Policía, estarían vinculados a estos delitos. Estos arrestos se suman a los 12 detenidos en operaciones previas, entre los cuales había dos menores de edad.
El comandante general de la Policía de la Zona 8, Pablo Dávila, participó en el operativo y detalló que los detenidos serán evaluados para verificar si tienen antecedentes penales y si pertenecen a alguna organización criminal. En el transcurso de los allanamientos, se produjo una persecución entre los oficiales y los sospechosos, quienes intentaron huir, pero finalmente fueres para combatir el crimen organizado en Guayaquil y asegurar el control del orden en áreas de alta vulnerabilidad, como Socio Vivienda. Mientras tanto, los investigadores continúan trabajando para esclarecer los detalles de la masacre y rastrear a los responsables de este acto de violencia.
