El reciente cierre del bloque 43-ITT de la industria petrolera, que comenzó con la clausura de su primer pozo el 28 de agosto, ha generado una profunda división entre las comunidades indígenas de la Amazonía ecuatoriana. La decisión ha causado una fractura significativa entre aquellos que desean que la explotación de petróleo continúe y aquellos que abogan por su finalización debido a los daños ambientales y sociales.
Los partidarios de continuar con la extracción petrolera, especialmente de las comunidades de Aguarico en la provincia de Orellana, han decidido presentar una acción de amparo ante la Corte Constitucional. Argumentan que el cierre del bloque afectaría negativamente a su economía local y a la economía nacional. Este grupo, que incluye a aproximadamente 60 personas, planea solicitar que se revierta la consulta popular de agosto de 2023 que, según el 58% de los votantes, favoreció mantener el crudo del ITT bajo tierra.
Lauro Papa, presidente de las Comunidades Kichwa del cantón Aguarico, expresó su descontento durante una visita a la Corte Constitucional. Papa destacó que las comunidades locales no fueron adecuadamente consultadas sobre la decisión, como lo exige la Constitución. Afirmó que el colectivo ecologista YASunidos, que impulsó la consulta, no ha visitado las comunidades afectadas para discutir el tema, lo que llevó a Papa a acusarles de manipulación.
La situación se agravó cuando un accidente de tráfico, que resultó en la muerte de nueve personas de la comuna Waorani Kawimeno, ocurrió en la vía Pifo-Papallacta mientras se dirigían a Quito para manifestarse a favor de la explotación petrolera. El autobús en el que viajaban sufrió un accidente debido a una falla en los frenos. A pesar de la tragedia, los miembros de las comunidades decidieron continuar con sus protestas y se reunieron con representantes del gobierno en Quito.
El subsecretario del Ministerio de Gobierno, Andrés Vásconez, junto con Valeria Arroyo del Ministerio de Energía y Minas y Nuvia Vega, gobernadora de Orellana, recibió a los representantes de las comunidades afectadas. Vásconez anunció que se establecerán mesas de trabajo en Aguarico para abordar las necesidades locales en áreas como salud, educación y vialidad. Sin embargo, aclaró que el gobierno no intervendrá en la acción legal que planean presentar las comunidades de Aguarico.
Por otro lado, la Nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) se opone al cierre del bloque 43. En una reciente propuesta presentada a la Corte, la NAWE exige la actualización del plan de cierre del bloque 43 para incluir un cronograma detallado, mecanismos de monitoreo, y un presupuesto claro. Además, piden acciones inmediatas para apagar todos los pozos del ITT, sancionar a los responsables del incumplimiento de la voluntad popular y garantizar la inclusión de la NAWE en los procesos relacionados con el cierre.
La NAWE también expresó su solidaridad con las víctimas del accidente de tráfico y su preocupación por el cumplimiento de la consulta popular. Critican al gobierno por no cumplir adecuadamente con el mandato de la consulta y solicitan una revisión del plan de cierre.
Finalmente, Petroamazonas, la empresa estatal, ha respondido a las críticas aclarando que el pozo Ishpingo B-56, cerrado recientemente, estaba en funcionamiento hasta el 28 de agosto y había producido 655,000 barriles desde mayo de 2023. La empresa ha aclarado que el plan de cierre contempla la clausura de 246 pozos en los próximos cinco años y cinco meses, con el objetivo de finalizar el proceso para diciembre de 2029.
