La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una fuerte crítica hacia el estado de excepción en El Salvador, denunciando numerosos abusos en su implementación. En un informe publicado este miércoles, la CIDH pidió al gobierno del presidente Nayib Bukele que ponga fin a esta medida, argumentando que no debe ser parte de una política de seguridad permanente.
Desde el 27 de marzo de 2022 hasta principios de noviembre de 2023, al menos 73,000 personas fueron detenidas bajo el estado de excepción, la mayoría de las cuales permanecen en prisión preventiva, según el informe de la CIDH. La Comisión detalla que se han registrado serias violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y sistemáticas, allanamientos ilegales de viviendas, abusos en el uso de la fuerza y violaciones de los derechos de menores de edad.
La CIDH menciona varias irregularidades específicas, como la tardanza en el control judicial de las detenciones, el abuso en la aplicación de prisión preventiva, la realización de audiencias judiciales masivas y restricciones al derecho de defensa de los detenidos. El informe también señala que existen indicios sobre la posible muerte de entre 189 y 200 personas que estaban bajo custodia.
Desde que asumió el poder en 2019, el presidente Nayib Bukele ha llevado a cabo una enérgica campaña contra las pandillas bajo un régimen de excepción que comenzó en 2022. Esta medida ha resultado en la detención de decenas de miles de presuntos miembros de pandillas. La CIDH advierte que esta política excepcional no debe convertirse en una estrategia de seguridad permanente.
La Comisión hace un llamado al gobierno salvadoreño para que restablezca los derechos fundamentales y adopte un enfoque integral para enfrentar las causas y consecuencias de la criminalidad. En su conclusión, la CIDH enfatiza que el estado de excepción no debe ser parte de una política de seguridad ciudadana prolongada.
