En el contexto del caso Purga, que investiga a 23 personas por delincuencia organizada, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Javier de la Cadena, ha decidido que la Fiscalía deberá ordenar la realización de varias diligencias solicitadas por los procesados, entre ellos el exlegislador Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, antes de que se continúe con la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Esta resolución se produjo después de una deliberación que duró seis días.
El magistrado no se pronunció directamente sobre la validez de lo actuado en el proceso hasta el momento, sino que dio la instrucción a la Fiscalía para que practique en un plazo de diez días las diligencias que los procesados han solicitado, con un límite máximo de 48 horas para que se ordenen. La medida se adoptó para garantizar el derecho a la defensa de los involucrados, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal y la normativa correspondiente.
Este caso, que comenzó con un operativo simultáneo el 4 de marzo en las provincias de Guayas y Pichincha, involucra a varios exfuncionarios, entre ellos a Muentes, Gallardo, y los exjueces de Guayas Johann Marfetán y Guillermo V., quienes supuestamente formaban parte de una estructura criminal que favorecía intereses personales y estaba vinculada al narcotráfico. Según la Fiscalía, Muentes lideraba la organización, mientras que Gallardo y Marfetán desempeñaban roles clave en la planificación de delitos, con el objetivo de obtener beneficios económicos.
Además de los principales procesados, otros involucrados en la trama incluyen familiares y colaboradores cercanos, como la esposa y primo de Muentes, Mónica A. y Fausto A., respectivamente, así como otros exfuncionarios judiciales y abogados vinculados a la estructura.
En la última audiencia, el juez de la Cadena se centró en revisar las solicitudes de los procesados sobre elementos de prueba, como pericias y declaraciones de testigos, que habían sido rechazadas previamente por la Fiscalía. El juez destacó que algunos rechazos fueron injustificados, afectando el derecho de los procesados a presentar su defensa de manera adecuada. Así, determinó que la Fiscalía debía practicar las diligencias solicitadas, incluyendo la ampliación de versiones y la realización de ciertos informes clave.
Por ejemplo, el abogado de Pablo Muentes había solicitado información sobre visitas de su defendido al Centro de Privación de Libertad en Chillogallo y detalles sobre facturación de servicios profesionales. Estas solicitudes fueron rechazadas por la Fiscalía, pero el juez consideró que no había justificación para tal rechazo y ordenó que se realicen las diligencias pertinentes.
La decisión del juez también abarcó solicitudes de otros procesados, como Fausto Alfonso A. G., quien pidió que se ampliaran las versiones de varios testigos y que se realizaran verificaciones relacionadas con los contratos y visitas de ciertos abogados. El magistrado resaltó que estas diligencias son esenciales para garantizar el ejercicio pleno del derecho a la defensa, por lo que instó a la Fiscalía a ordenar su práctica.
A medida que el caso Purga avanza, la Corte Nacional de Justicia continúa evaluando las peticiones de los procesados y la actuación de la Fiscalía, buscando asegurar que se respeten los derechos de los involucrados en el proceso. La audiencia será reprogramada para que se lleve a cabo una vez que las diligencias solicitadas sean realizadas y los elementos de prueba estén disponibles.
