En el marco del proceso judicial relacionado con el caso Liga2, el incumplimiento de la presentación periódica de los procesados ha abierto la posibilidad de que la Fiscalía General solicite una audiencia para modificar las medidas cautelares impuestas a los involucrados. Esta medida se podría traducir en la solicitud de una orden de prisión preventiva contra los procesados.
El 31 de marzo de 2025, los cuatro procesados del caso Liga2 —entre ellos Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz— debían cumplir con su primera presentación periódica, una medida que fue dispuesta como parte de las medidas cautelares adoptadas el 15 de marzo. Sin embargo, tanto Verduga como Saltos no se presentaron a la cita estipulada, lo que podría complicar aún más su situación legal.
Verduga y Saltos, quienes fueron exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), incumplieron con la obligación de comparecer cada 15 días ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Este incumplimiento es un factor clave que podría llevar a la Fiscalía a pedir una modificación de las medidas cautelares, las cuales fueron establecidas por el conjuez Marco Aguirre.
En cuanto a los demás procesados, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz, también enfrentan cargos dentro del mismo proceso judicial, que está relacionado con el delito de asociación ilícita. A diferencia de los dos primeros, Loor y Bonifaz permanecen en el país y no han sido acusados de abandonar el territorio ecuatoriano.
Por otro lado, además de la obligación de comparecer cada quince días, las medidas cautelares de los procesados incluyeron restricciones como la prohibición de salir del país, así como la retención de fondos en sus cuentas bancarias. En total, se incautaron $5.640 de las cuentas de los cuatro investigados, un monto que está bajo la custodia judicial hasta que se resuelvan los cargos en su contra.
El caso Liga2 ha causado una gran conmoción a nivel nacional, no solo por la gravedad de los cargos, sino también por la implicación de altos exfuncionarios del CPCCS en el escándalo de corrupción que ha sacudido al país en los últimos meses. La Fiscalía, como parte de su investigación, continúa monitoreando de cerca el cumplimiento de las medidas cautelares para determinar si es necesario tomar nuevas acciones legales.
Este caso refleja una de las investigaciones más significativas de los últimos años, que está siendo vigilada de cerca por la ciudadanía y las autoridades judiciales. La Fiscalía General ha reiterado su compromiso con llevar a cabo una investigación exhaustiva y transparente sobre el caso y garantizar que los responsables de actos de corrupción enfrenten la justicia, sin importar su posición política o social.
