Desde el pasado 15 de marzo, la Fiscalía mantiene abierta una instrucción de 90 días para investigar posibles delitos de asociación ilícita relacionados con el caso Liga2. En este proceso, la institución continúa interrogando a los implicados, entre los que se encuentran exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), así como la actual consejera Nicole Bonifaz.
Este 3 y 4 de abril, la Fiscalía ha programado las versiones libres y voluntarias de los cuatro procesados, quienes serán interrogados de manera virtual, a través de videollamadas por Zoom. Los involucrados en el caso son los exconsejeros del CPCCS Augusto Verduga, Yadira Saltos, y Eduardo Franco Loor, quienes fueron parte del organismo durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, además de la consejera actual Nicole Bonifaz.
Investigación sobre la supuesta estrategia del correísmo
El foco principal de la investigación radica en las acusaciones de que estos exfuncionarios habrían planeado una estrategia para controlar diversas instituciones clave del Estado y favorecer al movimiento político Revolución Ciudadana (RC). Según la Fiscalía, el objetivo era apoderarse de entidades estratégicas como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura, entre otras, con la finalidad de consolidar el poder del correísmo en las instituciones clave del país.
La instrucción fiscal, que está siendo realizada bajo el delito de asociación ilícita, se inició el 15 de marzo y cuenta con un plazo de 90 días para recopilar las pruebas y esclarecer los hechos. Durante este periodo, se han llevado a cabo diversas diligencias, y los procesados deberán rendir sus versiones en los próximos días.
Contexto del caso y los involucrados
El caso Liga2 ha sido uno de los más comentados en el ámbito político, ya que involucra a altos funcionarios del CPCCS, una entidad encargada de la supervisión de las funciones del Estado. El Consejo de Participación Ciudadana ha sido objeto de controversia desde sus inicios debido a las sospechas sobre su imparcialidad y la forma en que sus miembros fueron seleccionados.
Los implicados, quienes formaron parte de este organismo durante el gobierno de Correa, han negado las acusaciones. Sin embargo, la Fiscalía sostiene que existieron intentos deliberados para desestabilizar las instituciones democráticas y utilizar el aparato estatal con fines partidistas.
Repercusiones políticas y sociales del caso
Este caso ha generado reacciones tanto dentro como fuera de los círculos políticos del país. Mientras algunos critican la supuesta manipulación de las instituciones, otros defienden la gestión del CPCCS, alegando que no hay pruebas suficientes para confirmar la existencia de un plan ilícito. Sin embargo, el proceso judicial sigue su curso, y la Fiscalía ha señalado que las investigaciones continuarán con el objetivo de esclarecer la verdad y, de ser necesario, llevar a los responsables ante la justicia.
El seguimiento de este caso por parte de la Fiscalía es un reflejo de la continua lucha por la transparencia y la justicia en las instituciones del Estado. En los próximos días, se espera que las declaraciones de los procesados arrojen más detalles sobre la supuesta trama de corrupción y las implicaciones políticas del caso Liga2.
