El próximo 30 de abril, el exconsejero Augusto Verduga conocerá si se le impone prisión preventiva por el incumplimiento de las medidas cautelares en su contra, dentro del marco de la investigación del caso Liga2. Verduga, quien junto a otros exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) enfrenta cargos por asociación ilícita, ha estado bajo la observación de la justicia tras no cumplir con una orden de presentación periódica que se le había asignado el pasado 15 de marzo.
Detalles de las medidas cautelares en el caso Liga2
El 15 de marzo de 2025, la jueza Daniella Camacho dispuso, como medida cautelar, la presentación periódica para los cuatro investigados en el caso Liga2, quienes están acusados de haber formado parte de una red de corrupción en el país. Además de la presentación periódica, también se les impuso la prohibición de salida del país. Esta medida fue aplicada tanto a Verduga como a Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y la actual consejera de Participación Ciudadana, Nicole Bonifaz. Sin embargo, tanto Verduga como Franco Loor han sido objeto de controversia por no cumplir con las disposiciones del tribunal.
La jueza Camacho ha citado a una audiencia para el 30 de abril de 2025, en la que se analizará si se modifican las medidas cautelares impuestas o si, en su lugar, se toma una decisión más drástica, como la prisión preventiva, debido al incumplimiento de las disposiciones judiciales. Este tipo de medida, de ser aplicada, implicaría que los procesados sean encarcelados mientras continúan enfrentando los cargos en su contra.
Los implicados en el caso Liga2
El caso Liga2 ha sido uno de los más mediáticos y polémicos en Ecuador, involucrando a varios funcionarios de alto rango. Verduga, Franco Loor, Saltos y Bonifaz son todos exintegrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una institución clave en la vigilancia y el control de la transparencia en el país. La Fiscalía General del Estado formuló cargos en su contra por asociación ilícita y otros delitos relacionados con actos de corrupción dentro del CPCCS.
La instrucción fiscal de 90 días fue abierta el 15 de marzo de 2025, lo que ha llevado a los implicados a ser sometidos a una serie de medidas cautelares, las cuales incluyen la ya mencionada prohibición de salida del país y la obligación de comparecer ante las autoridades judiciales. Sin embargo, el incumplimiento de estas medidas ha generado más complicaciones para los acusados, quienes ahora enfrentan un futuro incierto.
El proceso judicial y sus repercusiones
El proceso judicial continuará en manos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), donde la jueza Daniella Camacho será la encargada de evaluar el cumplimiento de las medidas cautelares y de tomar una decisión sobre la prisión preventiva de los investigados. Esta audiencia podría ser crucial para el desarrollo del caso, ya que de no cumplirse las condiciones impuestas, los procesados podrían enfrentar consecuencias aún más graves, incluyendo su reclusión preventiva.
El caso Liga2 sigue siendo un tema de alta relevancia en Ecuador, no solo por las implicaciones legales para los acusados, sino también por el impacto que puede tener sobre la confianza pública en las instituciones de control y justicia del país. Además, el resultado de este caso podría marcar un precedente importante para otros procesos judiciales de similar naturaleza en el futuro.
