Cable Andino, empresa clave en la prestación de servicios de cable submarino en Ecuador, ha manifestado su firme rechazo a la decisión tomada por la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones (Arcotel) que resultó en la extinción de su título habilitante. Según la empresa, esta medida no solo es injusta, sino que también infringe sus derechos fundamentales, como el derecho al debido proceso, la propiedad privada y la seguridad jurídica.
El conflicto comenzó cuando, el 18 de noviembre, Arcotel emitió una resolución en la que detallaba el incumplimiento de varias disposiciones legales por parte de Cable Andino, alegando que la compañía había incurrido en irregularidades en relación con la concesión de su título habilitante, otorgado en 2015. La resolución también contempla la reversión de los bienes afectados al servicio de cable submarino, lo que ha levantado preocupación en la empresa y en diversos sectores de la industria tecnológica.
En su comunicado, el gerente general de Telconet, principal accionista de Cable Andino, Tomislav Topic, criticó severamente la resolución de Arcotel. Asegura que la imposición de plazos excesivamente estrictos podría poner en riesgo la continuidad de los servicios de internet en el país, afectando a millones de ecuatorianos. “Este tipo de decisiones pone en peligro la cadena de suministro, lo cual es esencial para el desarrollo tecnológico y social de Ecuador», declaró Topic.
La implicación de la resolución de Arcotel en el mercado ecuatoriano
Según Cable Andino, la decisión de Arcotel representa un “peligroso precedente” que podría desincentivar la inversión privada tanto a nivel nacional como extranjero. La empresa advierte que, si no se corrige esta situación, el control de la infraestructura de internet podría centralizarse en manos del Estado, lo que, según ellos, afectaría gravemente la calidad del servicio. Además, esta medida tendría efectos perjudiciales sobre varios sectores, incluidas universidades, empresas e instituciones financieras que dependen de la conectividad internacional.
La empresa destaca que su infraestructura ha sido financiada exclusivamente con inversión privada, lo que le ha permitido garantizar la conectividad internacional durante años. Al mismo tiempo, critica la resolución de Arcotel por declarar un supuesto incumplimiento sin tener en cuenta las pruebas documentales, los informes previos y las garantías legales que regían la operación de Cable Andino desde su inicio.
La respuesta de Cable Andino: defensa de los derechos fundamentales y confianza en la justicia
A pesar de las dificultades que presenta la situación, Cable Andino confía en que la justicia ecuatoriana corregirá este problema. Tomislav Topic expresó su optimismo, señalando que la empresa cree firmemente en la institucionalidad del país y en la prevalencia del estado de derecho. «Este ataque contra nuestra seguridad jurídica será corregido», aseguró, reafirmando la posición de la empresa de defender sus derechos fundamentales, como el derecho al trabajo, al debido proceso, al libre desarrollo económico y a la propiedad privada.
La empresa también señaló que seguirá luchando para garantizar su estabilidad operativa y para preservar el servicio que ofrecen a los ciudadanos y empresas ecuatorianas. En su declaración, dejaron en claro que la resolución de Arcotel no solo afecta a la empresa, sino también al bienestar general de los usuarios, cuya conectividad podría verse comprometida si esta situación no se resuelve de manera justa.
El futuro de Cable Andino y el impacto en el sector tecnológico de Ecuador
La controversia ha puesto sobre la mesa importantes interrogantes sobre la regulación de las telecomunicaciones y el futuro del sector privado en Ecuador. A medida que se resuelvan los litigios legales, tanto Cable Andino como otros actores en la industria tecnológica estarán atentos a las decisiones que tomen las autoridades ecuatorianas, ya que este tipo de medidas podría tener repercusiones en la inversión y el desarrollo tecnológico en el país.
Mientras tanto, Cable Andino sigue apostando por la justicia y la defensa de sus derechos, esperando que las autoridades tomen en cuenta las implicaciones que este tipo de decisiones podría tener en la sostenibilidad del servicio de internet en Ecuador, así como en el futuro del sector privado de telecomunicaciones.
