La reciente aprobación en la Asamblea Nacional para permitir la presencia de bases militares extranjeras con fines militares en Ecuador ha abierto un debate importante sobre el impacto y los retos que esta medida conlleva. Aunque la decisión legislativa fue un paso significativo, aún quedan etapas cruciales por superar antes de que esta reforma pueda implementarse plenamente, entre ellas un referéndum popular.
Actualmente, la Constitución ecuatoriana prohíbe expresamente la instalación de bases militares extranjeras en el territorio nacional y no permite ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas extranjeras. Esta normativa refleja la histórica posición del país de mantener su soberanía y territorio libre de influencias militares extranjeras.
Con la reciente reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, propuesta por el presidente Daniel Noboa, se busca cambiar esta disposición para permitir la presencia de bases militares extranjeras, argumentando que esto fortalecerá la seguridad nacional, en particular la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y otras amenazas transnacionales que afectan al Ecuador y la región.
Expertos y exfuncionarios consultados coinciden en que la aprobación de esta medida puede ser beneficiosa para incrementar la cooperación internacional en temas de seguridad, especialmente en la prevención y combate de organizaciones criminales. Sin embargo, también subrayan que la presencia de bases militares extranjeras por sí sola no es suficiente. Es necesario complementar esta estrategia con políticas internas robustas, reformas legales y un fortalecimiento de las instituciones de seguridad ecuatorianas.
“Permitir bases militares extranjeras puede aportar recursos y tecnología que el país actualmente no posee, pero esto debe ir acompañado de acciones integrales contra el crimen organizado para tener un impacto real”, señala un analista en seguridad regional.
Tras la aprobación en la Asamblea, el proceso legal indica que la reforma debe ser revisada nuevamente por la Corte Constitucional, y después pasar al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que organice un referéndum en un plazo máximo de 45 días. Solo con la aprobación popular podrá la reforma entrar en vigencia.
Este paso final es clave, ya que los ecuatorianos deberán decidir en las urnas si aceptan o no este cambio que podría redefinir la política de defensa y seguridad nacional del país.
