Aumento de la informalidad laboral y subempleo en Quito en 2025: ¿Por qué muchos solo pagan el mínimo de sus tarjetas de crédito?

DEPORTES

En los primeros meses de 2025, la informalidad laboral en Quito experimentó un notable incremento, lo que ha llevado a que más personas trabajen en condiciones precarias o sin un empleo formal. Según datos recientes, el subempleo — es decir, cuando una persona gana menos que el salario mínimo legal — se ha incrementado en la capital ecuatoriana, reflejando un escenario económico complejo para muchos habitantes.

En medio de esta realidad, ciudadanos comentan que “no me alcanza y pago el mínimo de la tarjeta de crédito. No tengo un trabajo estable”, frase que resume la incertidumbre y las dificultades financieras que enfrentan diariamente. La falta de un ingreso fijo y suficiente obliga a muchos a buscar alternativas para sobrevivir, pero la informalidad les impide acceder a beneficios laborales y estabilidad económica.

Este crecimiento de la informalidad no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también incide en la economía local. El incremento en el subempleo representa un desafío para el desarrollo sostenible de Quito, ya que limita el consumo y el acceso a productos y servicios, afectando a múltiples sectores.

Expertos en economía laboral advierten que la informalidad genera un círculo vicioso: al no contar con contratos formales ni prestaciones sociales, los trabajadores no pueden acceder a créditos o financiamientos adecuados, lo que agrava su situación económica. Además, las cifras oficiales indican que en Quito más del 40% de la población económicamente activa se encuentra en condiciones de informalidad o subempleo.

En respuesta, algunas personas recurren a trabajos temporales o actividades independientes sin garantías legales, mientras que otras optan por pagar solo el monto mínimo en sus tarjetas de crédito, un mecanismo que les permite evitar caer en mora aunque incrementa su deuda a largo plazo.

Este fenómeno social y económico preocupa a las autoridades locales y organizaciones civiles, que buscan implementar políticas públicas orientadas a fomentar el empleo formal y mejorar las condiciones laborales en la ciudad. Sin embargo, los avances son lentos y la realidad para muchas familias sigue siendo la lucha constante por cubrir necesidades básicas.

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