El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha dado un paso clave en su estrategia de seguridad y protección de la infancia: mediante el Decreto Ejecutivo N.° 21, se formalizó la creación del Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños, Niñas y Adolescentes por parte de grupos delictivos organizados.
Este comité surge como respuesta al alarmante aumento del uso de menores en actividades delictivas, y tiene como objetivo central elaborar, coordinar y ejecutar políticas públicas que prevengan este tipo de delitos y protejan los derechos de la niñez y adolescencia. Según lo establece el decreto, la propuesta de política pública deberá estar lista en un plazo máximo de tres meses a partir de la firma del documento.
La integración del comité incluye a representantes de diversas entidades del Estado. Entre ellas están los Ministerios de Gobierno, Educación, Inclusión Económica y Social, Interior, Defensa, así como la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición Crónica Infantil y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. También podrán sumarse organismos de la sociedad civil y organismos internacionales como asesores.
El decreto presidencial resalta que la lucha contra este fenómeno requiere un enfoque multisectorial. “La intervención del Estado debe ser integral, articulada y basada en evidencia, considerando factores sociales, económicos y territoriales que inciden en el reclutamiento”, establece el texto.
El Comité tendrá, entre sus funciones, la tarea de mapear zonas de alto riesgo, recopilar datos sobre reclutamiento forzado, coordinar acciones de prevención comunitaria y fortalecer los sistemas de protección infantil en las escuelas, barrios y redes sociales.
En palabras del presidente Noboa, “la erradicación del reclutamiento infantil es una prioridad nacional. No permitiremos que nuestras niñas y niños sean utilizados como herramientas del crimen”.
La implementación de esta medida también contempla la creación de una hoja de ruta que incluirá acciones inmediatas, a mediano y largo plazo, y un sistema de evaluación de resultados. El objetivo final es garantizar que ningún menor en Ecuador sea vulnerado o instrumentalizado por redes delictivas.
