Asamblea Nacional aprobó ley de seguridad que penaliza las llamadas «vacunas»

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Con 117 votos a favor y cuatro abstenciones, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este jueves 5 de enero la Ley de Seguridad Integral, que modifica los cuerpos legales y busca disminuir la creciente violencia existente en el país, según palabras de los defensores de la norma.

Los nueve cuerpos legales dentro de los que se realizarán modificaciones junto al resto que conforman la normativa, serán:

El Código Orgánico Integral Penal, la Ley de Seguridad Pública del Estado y Ley Orgánica de Defensa Nacional, el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de Servicio Público Ley de Telecomunicaciones.

“Con el voto afirmativo de 117 asambleístas, de todas las bancadas políticas, la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral, mismo que será remitido a la Presidencia de la República para la sanción u objeción”, escribió el ente en su sitio web.

En este sentido, el parlamento refiere que esta es la tercera ley que aprueba para enfrentar el aumento de la inseguridad, así como la crisis carcelaria que asola al país. Esto hace referencia a la aceptación de la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza y el proyecto de Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, firmados con anterioridad.

Según el comunicado de la Asamblea Nacional, la normativa “contiene seis ejes para promover un diseño institucional eficaz para la política criminal; un rediseño institucional de las principales entidades del sistema de rehabilitación social; reformas a la Ley de Seguridad Pública y del Estado para el fortalecimiento institucional».

Por su parte, el legislador Ramiro Narváez del partido Izquierda Democrática, resaltó que esta ley rediseña la institucionalidad del sistema de rehabilitación social, con el fin de enfrentar la crisis carcelaria.

Por Pachakutik, Mireya Pazmiño afirmó que la legislación por sí sola no cambiará los problemas ni mejorará la situación, sino que el Gobierno de Guillermo Lasso debe implementar políticas públicas para acabar o reducir drásticamente la inseguridad.

“Esa ley fascista que acaba de aprobar en la Asamblea debe ser declarada inconstitucional. No respeta el debido proceso ni la presunción de inocencia”, dijo el candidato a la presidencia, Andrés Arauz.

El 2022 fue el año con la mayor tasa de homicidios violentos de la historia del país andino con más de 4.500 muertes por esta causa.

Las sanciones por el cobro de «vacunas».

La actual ley modificó el artículo 185 del COIP. Esa parte tipifica el delito de la extorsión, sin embargo, crea el agravante de las «vacunas». El ilícito también se sancionará con hasta 80 salarios básicos unificados (34.000 dólares)

Reclutamiento de menores de edad.

El artículo 369 del COIP también fue modificado. Esta parte aborda el delito de delincuencia organizada, pero tipifica un nuevo delito: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

La normativa condena con 10 hasta 13 años de cárcel a los adultos que recluten a menores de edad para cometer narcotráfico, delitos contra la propiedad, delitos contra la vida, contra la integridad sexual y reproductiva, sicariato, extorsión, robo o terrorismo.

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