En medio de un intenso debate político y con 106 votos a favor, la Asamblea Nacional aprobó en segundo y definitivo debate la Ley Orgánica de Participación en las Rentas del Estado. Esta normativa busca garantizar recursos económicos para Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos, provincias donde se industrializa el petróleo.
El objetivo principal del proyecto es regular la distribución de ingresos generados por la actividad petrolera en estas regiones. Según lo aprobado, los fondos se repartirán de la siguiente manera: un 10 % para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) parroquiales del cantón donde se realice la industrialización del petróleo, un 50 % para los municipios y un 40 % para los GAD provinciales.
Tras la aprobación de la ley a las 18:40 del 26 de marzo de 2025, la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, resaltó la importancia de esta medida para las provincias beneficiadas. Afirmó que la sesión en Esmeraldas respondía a una deuda histórica del Estado con la región, que enfrenta una tasa de desempleo del 8,6 %, la más alta del país. Además, destacó que el 60 % de los habitantes de Esmeraldas viven en condiciones de pobreza multidimensional, mientras que el 26,5 % está en pobreza extrema.
Victoria Desintonio, legisladora de la Revolución Ciudadana y ponente del proyecto, criticó al Gobierno y a la bancada de ADN por desestimar la sesión en Esmeraldas como un “show político”. Recordó que la provincia enfrenta graves problemas sociales, como el derrame de 25.000 barriles de petróleo y la falta de respuesta oportuna por parte del Ejecutivo. También denunció la desnutrición infantil en Santa Elena, que afecta al 30 % de los menores de cinco años, y la crisis en Sucumbíos, donde hay escasez de medicamentos y material escolar.
El asambleísta Samuel Celleri (PSC) respaldó la ley, argumentando que Esmeraldas sigue siendo un pilar del desarrollo nacional, a pesar del abandono estatal. Por su parte, Jhon Polanco (ADN) reconoció el impacto de la actividad petrolera en la región, pero recordó que la Constitución establece que los recursos naturales pertenecen al Estado y deben distribuirse equitativamente.
Desde el movimiento Pachakutik, Cecilia Baltazar destacó que esta normativa permitirá que los recursos lleguen directamente a los GAD, evitando la dependencia del Gobierno central. Aseguró que los fondos se destinarán a proyectos de agua potable, gestión de residuos y protección ambiental.
La legisladora Patricia Mendoza (RC) enfatizó que este proyecto no solo representa una asignación presupuestaria, sino un acto de justicia histórica. Destacó que por cada barril refinado se generará un dólar en ingresos para obras públicas.
Con la aprobación del proyecto, ahora corresponde al Ejecutivo revisarlo y decidir si lo sanciona o veta en un plazo de 30 días.
