Este jueves 12 de junio, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó, con ocho votos a favor, el informe para el primer debate del proyecto de ley de carácter urgente enviado por el Ejecutivo. Originalmente denominado «Ley de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública», el texto fue modificado y ahora se presenta bajo el nombre de Ley Orgánica de Integridad Pública.
Durante la sesión, realizada de forma virtual, la mesa legislativa debatió varias reformas introducidas al proyecto inicial. Uno de los aportes más significativos provino del legislador Andrés Castillo, representante del bloque Acción Democrática Nacional (ADN), quien participó en la jornada pese a no ser miembro de la comisión.
Castillo propuso la inclusión de disposiciones relacionadas con el juzgamiento de adolescentes infractores como adultos en ciertos delitos graves. Además, planteó sanciones más severas por prevaricato, que afectarían a jueces, fiscales y abogados involucrados en malas prácticas judiciales. Entre las propuestas más duras figura la inhabilitación permanente para ejercer la profesión de abogado en caso de incurrir en este delito.
Estas propuestas fueron acogidas por la mesa, y se sumaron a los cambios ya contemplados dentro del informe que será llevado al pleno de la Asamblea para su primer debate en los próximos días. El nuevo enfoque del proyecto busca no solo modernizar la gestión pública, sino también fortalecer la ética y la rendición de cuentas en el servicio público y el sistema judicial.
La sesión virtual atrajo la participación de varios legisladores que, aunque no integran la Comisión de Desarrollo Económico, solicitaron intervenir en el debate dada la trascendencia de los temas abordados. La amplitud de la discusión reflejó el interés que genera esta ley urgente, que forma parte de la agenda legislativa prioritaria del Gobierno de Daniel Noboa.
La Ley Orgánica de Integridad Pública se perfila como una de las reformas clave para combatir la corrupción, promover la eficiencia institucional y endurecer el control sobre el accionar de funcionarios públicos y operadores de justicia. Entre los aspectos relevantes del texto destacan también herramientas de evaluación del desempeño, mecanismos de supervisión de contrataciones públicas y fortalecimiento de la transparencia en el uso de recursos estatales.
El informe aprobado será próximamente debatido por el pleno, donde se espera una discusión amplia, dado el alcance de las reformas y las implicaciones legales que podrían tener sobre el actual marco normativo.
