La fuga de Rolando Federico Gómez Quinde, conocido como alias ‘Fede’, ha destapado un escándalo dentro del sistema penitenciario ecuatoriano. Este líder del grupo criminal Los Águilas logró escapar el pasado viernes 20 de junio desde la Penitenciaría del Litoral, ubicada en las afueras de Guayaquil, y según el Gobierno, no lo hizo solo: contó con colaboración interna.
Actualmente, 22 personas están siendo procesadas judicialmente por su presunta implicación en este hecho, entre ellas 19 militares, 2 funcionarios del SNAI y un reo. El delito que se investiga es evasión, que en el marco legal ecuatoriano puede derivar en penas de hasta siete años de prisión, dependiendo del grado de participación y del cargo que ocupen los implicados.
La audiencia de formulación de cargos se realizó en la Unidad Judicial del Cuartel Modelo, donde la Fiscalía presentó los elementos iniciales del caso. La medida de prisión preventiva fue dictada para los 22 procesados, mientras se recopilan pruebas y testimonios que ayuden a esclarecer cómo se facilitó la huida del cabecilla.
Alias ‘Fede’ es considerado un objetivo de alto valor por las autoridades ecuatorianas. Se le vincula con delitos graves como narcotráfico, asesinato, extorsión y liderazgo de estructuras criminales armadas. Su fuga encendió las alarmas en todo el país, y el presidente Daniel Noboa no tardó en calificar lo ocurrido como un “acto de traición” y no como un simple descuido.
“La fuga de alias Fede no fue un error; fue un acto de complicidad”, expresó el mandatario a través de su cuenta oficial en la red social X, exigiendo que se actúe con firmeza frente a quienes hayan facilitado la evasión.
El proceso legal ahora está en manos de la Fiscalía General del Estado, que continuará con las diligencias para determinar responsabilidades individuales. Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre los movimientos logísticos, la posible manipulación de uniformes militares y el acceso que tuvo alias ‘Fede’ a zonas restringidas del penal.
La situación ha intensificado el debate sobre la seguridad carcelaria en Ecuador, la presunta infiltración del crimen organizado en instituciones públicas, y la necesidad urgente de reformas estructurales en el sistema penitenciario.
