Germán Kiczka, diputado provincial de Misiones, Argentina, se encuentra en el centro de una grave crisis judicial tras ser acusado de integrar una red internacional de pedofilia. Desde principios de agosto, las autoridades han hallado una gran cantidad de material relacionado con pornografía infantil, abuso sexual y zoofilia en diversos dispositivos electrónicos vinculados al legislador.
El gobierno argentino ha urgido a la justicia a actuar con rapidez para localizar a Kiczka, quien se encuentra prófugo desde el jueves pasado. El diputado fue desaforado por la Cámara de Diputados de Misiones luego de que se emitiera una orden de detención en su contra. Manuel Adorni, portavoz presidencial, expresó este lunes en conferencia de prensa que el delito es una «aberración total» y demandó una pronta y efectiva acción judicial para que Kiczka «pague por lo que presuntamente ha hecho».
El juez Miguel Faría, encargado del caso en Apóstoles, activó el viernes pasado una alerta internacional a través de Interpol para capturar a Kiczka. Se teme que el legislador haya huido hacia Brasil o Paraguay, dado que había reservado una habitación en un hotel en Puerto Iguazú, una localidad cercana a la Triple Frontera que conecta Argentina, Brasil y Paraguay.
Marcelo Pérez, Ministro de Gobierno de Misiones, indicó que se ha creado una brigada especial para buscar al diputado y que se ha solicitado asistencia a las autoridades brasileñas. Al respecto, las alertas se han emitido en los estados brasileños de Río Grande do Sul y Santa Catarina. Pérez también sugirió la posibilidad de que Kiczka esté escondido en un campo, lejos de los centros urbanos.
La Cámara de Diputados de Misiones aprobó por unanimidad el desafuero de Kiczka, miembro del partido La Libertad Avanza, fundado por el presidente Javier Milei. Kiczka y su hermano Sebastián están bajo investigación por su presunta participación en una red internacional dedicada a la producción y distribución de material de abuso sexual infantil.
Este caso emergió tras la operación ‘Guardianes Digitales por la Niñez’, llevada a cabo en marzo por la Policía Federal Argentina (PFA). La operación resultó en el desmantelamiento de una red global de explotación infantil y llevó a registros en Buenos Aires, Misiones y Tucumán. La denuncia inicial fue presentada por la ONG ‘The International Centre for Missing and Exploited Children’ (ICMEC), con sede en Estados Unidos.
