Guayaquil, Ecuador – La crisis de seguridad en Ecuador sigue siendo una prioridad ineludible para el gobierno. El presidente Daniel Noboa ha firmado este martes, 10 de junio de 2025, el Decreto Ejecutivo n.º 23, renovando por 30 días adicionales el estado de excepción en ocho provincias clave y el Distrito Metropolitano de Quito. La medida, que estará vigente hasta el 10 de julio de 2025, responde a la persistencia de una «grave conmoción interna» que sigue afectando la paz y el orden público en el país.
Las provincias incluidas en esta renovación son: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos y Quito. Esta selección geográfica no es aleatoria; estas regiones han sido consistentemente los epicentros de la violencia criminal, el narcotráfico y la actividad de grupos armados organizados que desafían la autoridad del Estado.
El estado de excepción, propuesto inicialmente el 12 de abril mediante el Decreto 599, se alarga con un objetivo claro, según el Ejecutivo: garantizar el orden público, la paz social y la seguridad ciudadana frente al accionar implacable de estas organizaciones criminales. La decisión de prolongar la medida subraya que, a pesar de los esfuerzos desplegados, los factores que llevaron a su declaración inicial siguen plenamente vigentes y representan una amenaza constante.
De acuerdo con el texto oficial del decreto presidencial, la renovación se fundamenta en la continuidad de los graves problemas que originaron la medida: atentados con explosivos, homicidios selectivos y masivos, el uso indiscriminado de explosivos en espacios públicos y privados, la violencia carcelaria descontrolada y las constantes amenazas de grupos criminales hacia la ciudadanía, funcionarios públicos y las fuerzas del orden.
La presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, apoyando a la Policía Nacional, seguirá siendo una constante en estas provincias. Esta colaboración interinstitucional es vital para intentar contener la ola de violencia, realizar operativos de control de armas, desarticular bandas y proteger a la población. Sin embargo, la persistencia de la «grave conmoción interna» después de meses de estado de excepción plantea interrogantes sobre la efectividad a largo plazo de estas medidas y la necesidad de estrategias complementarias.
La extensión del estado de excepción significa que se mantienen algunas restricciones a derechos constitucionales, como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio, en función de las necesidades operativas de seguridad. La ciudadanía, aunque anhela la tranquilidad, también espera que estas medidas extraordinarias se traduzcan en una disminución real de la criminalidad y no se conviertan en una normalización de la excepcionalidad.
La situación actual de Ecuador, inmerso en un conflicto armado interno, exige una estrategia integral que combine la fuerza del Estado con acciones de inteligencia, depuración institucional y políticas sociales que ataquen las causas profundas de la violencia. La renovación del estado de excepción es un recordatorio de que la batalla por la seguridad ciudadana está lejos de terminar.
