El abogado Washington Andrade presentó este lunes 17 de marzo una demanda por inconstitucionalidad contra la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que prohíbe el uso de celulares dentro de los biombos durante la segunda vuelta electoral en Ecuador. La medida, que ha generado controversia, establece restricciones en el proceso de votación, lo que ha sido percibido por Andrade como una violación a varios derechos constitucionales.
En una rueda de prensa, Andrade, quien es coordinador de la Asamblea Permanente por la Defensa del Patrimonio Nacional, argumentó que esta restricción no solo atenta contra el derecho al voto secreto, sino que también afecta el derecho integral de los ciudadanos a elegir libremente. Según el abogado, la prohibición del uso de dispositivos móviles en los biombos puede generar una serie de consecuencias negativas para el proceso electoral y vulnerar principios fundamentales de la democracia.
El argumento de Andrade sobre la violación de derechos
Andrade resaltó que el derecho a elegir y a votar libremente es integral y debe ser garantizado en todas sus dimensiones. Además, hizo énfasis en que el derecho al voto secreto también está comprometido, ya que los votantes podrían sentirse presionados o vulnerables en el proceso de votación si se limita su libertad de uso de celulares en ese contexto.
«Con esta medida, se está violentando no solo el derecho a elegir, sino también la privacidad y la libertad de los votantes. Es un atentado directo contra los principios democráticos que rigen en nuestro país», afirmó Andrade.
Impacto en grupos específicos: adolescentes y adultos mayores
El abogado también criticó cómo esta medida afecta particularmente a grupos vulnerables, como los adolescentes de entre 16 y 17 años, y los adultos mayores de 65 años, quienes tienen derecho al voto facultativo. Según Andrade, esta prohibición podría tener repercusiones desproporcionadas sobre estos ciudadanos, especialmente en un contexto en el que los teléfonos móviles son herramientas clave para mantenerse conectados y seguros.
En tono crítico, Andrade preguntó: «¿Acaso la presidenta del CNE, Diana Atamaint, va a demandar a los menores de edad que deseen llevar su celular al biombo? ¿Va a sancionar a los adultos mayores y obligarlos a pagar una multa de 33.000 dólares solo por ejercer su derecho al voto?». Para el abogado, estas preguntas reflejan lo que considera una injusticia y una violación de los derechos humanos en un contexto electoral.
La postura de Andrade sobre la resolución del CNE
Andrade se mostró firme en su postura y aseguró que como ciudadano y profesional del derecho, tiene la responsabilidad de luchar por la protección de los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Según él, esta demanda busca evitar que se repitan infracciones a los derechos de los ciudadanos, especialmente en un proceso tan crucial como las elecciones presidenciales.
«Como profesionales del derecho, debemos actuar para proteger la libertad de todos los ecuatorianos y asegurar que las leyes electorales no se conviertan en una herramienta de represión», expresó Andrade, quien enfatizó que el objetivo de su acción legal es garantizar el cumplimiento de los derechos de todos los votantes, sin importar su edad, condición o estatus social.
Contexto de la demanda y posibles implicaciones legales
La resolución del CNE sobre el uso de celulares en los biombos se toma en un contexto en el que el país se prepara para la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales de 2025. La medida se ha implementado para evitar la filtración de información y garantizar que el voto sea realizado de manera independiente y sin influencias externas. Sin embargo, como ha señalado Andrade, la prohibición puede tener efectos secundarios no deseados, como el aumento de la desconfianza en el proceso electoral.
Si el tribunal acepta la demanda de inconstitucionalidad, la resolución del CNE podría ser modificada o derogada, lo que afectaría las condiciones del proceso electoral. Esto podría generar un precedente importante en la jurisprudencia electoral del país y podría influir en futuras decisiones relacionadas con la protección de los derechos electorales de los ciudadanos.
