Este viernes 20 de diciembre de 2024, se instaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por el caso de peculado en el que está involucrado Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, quien se encuentra encarcelado por delitos de corrupción. En esta audiencia, la defensa de Glas solicitó que se le otorgara una medida de seguridad, consistente en su traslado a un hospital psiquiátrico, debido a los trastornos mentales que presenta, lo que lo ha llevado a intentar suicidarse en varias ocasiones.
La audiencia, que había sido pospuesta en nueve ocasiones anteriores, finalmente se realizó al décimo intento y estuvo presidida por el juez Marco Aguirre, quien reemplaza a Julio Inga, quien enfrenta una recusación. En esta diligencia, se procesan a nueve personas, entre ellas Glas, los exministros Walter Solís y Carlos Bernal, y otras seis personas, todos acusados de peculado en el marco del proceso de reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016.
La defensa de Jorge Glas, representada por el abogado Andrés Villegas, comenzó su intervención apuntando a varios vicios de nulidad, uno de los cuales fue la detención de Glas el 5 de abril de 2024. El exvicepresidente fue arrestado en la embajada de México en Quito, donde se había refugiado tras meses de persecución. Según la defensa, la detención fue ilegal, ya que se violaron convenios internacionales y el parte de detención fue redactado con «contenido falso», consignando un lugar erróneo en el reporte policial.
Villegas también hizo mención de los informes psiquiátricos emitidos por el Ministerio de Salud Pública, que indican que Glas presenta una alta probabilidad de atentar contra su vida. Recordó que, tras su traslado a la cárcel La Roca, Glas fue hallado inconsciente en su celda, un episodio que no fue atendido por un especialista en salud mental, lo cual la defensa considera una violación de sus derechos.
La solicitud del abogado Villegas se basa en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece que si un investigado presenta síntomas de trastorno mental, debe ser sujeto a una medida de seguridad, que en este caso sería el internamiento en un hospital psiquiátrico. Villegas instó al juez Aguirre a decidir si corresponde o no la aplicación de esta medida para Glas, señalando que mantenerlo en prisión sin el tratamiento adecuado sería ilegal.
El artículo 76 del COIP establece que el internamiento en un hospital psiquiátrico es una medida de seguridad para personas inimputables debido a trastornos mentales. La finalidad de esta medida es la rehabilitación del individuo y su inclusión social, previa evaluación psiquiátrica, psicológica y social que justifique su necesidad.
Durante la audiencia, Jorge Glas, quien se conectó de forma digital desde la cárcel, también cuestionó la acusación de la Fiscalía, alegando que priorizar proyectos no equivale a peculado. Según Glas, en el caso de la reconstrucción de Manabí, no existió un proceso de contratación formal, sino una priorización de proyectos, lo que, según él, no debería ser considerado como un delito.
La Fiscalía, por su parte, sostiene que hubo un abuso de los recursos públicos recaudados a través de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, destinados a enfrentar la emergencia en las zonas afectadas por el terremoto de 2016. Se argumenta que los acusados priorizaron proyectos que no respondían a las necesidades urgentes de las poblaciones de Manabí y Esmeraldas, desviando los fondos destinados a la reconstrucción y reactivación productiva hacia obras que no cumplían con el contexto de emergencia.
Después de escuchar las alegaciones de los acusados, el fiscal subrogante Wilson Toainga solicitó un receso de dos horas para poder responder a los pedidos de nulidad planteados por la defensa. El juez Aguirre accedió a la solicitud y la diligencia continuó por la tarde.
