La Fiscalía de Perú sostiene la tesis de que el mandatario Pedro Castillo encabezaría una organización criminal denominada Asesores en la Sombra. La información se hizo pública tras la orden de detención preliminar por 10 días de seis presuntos integrantes, entre ellos congresistas y familiares.
En el expediente oficial se sustenta, además, que “la presunta organización criminal fue concebida aprovechando e instrumentalizando la estructura estatal del Poder Ejecutivo, pues muchos de los investigados son altos mandos”. La pregunta que salta a la palestra está relacionada, entonces, con la dinámica de operación: ¿cómo funcionaba este grupo?
Asesores en la Sombra: modus operandi.
Según indica la Corte Superior Nacional de Justicia, el origen de la presunta red delictiva data del 11 de abril de 2021, fecha en la cual se dieron los resultados preliminares de las elecciones generales para los cargos de presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes del Parlamento Andino.
La intervención de esta organización criminal empezaría, así, a tejer hilos una vez oficializada la contienda entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
Primera etapa.
Financiamiento de la campaña electoral con activos de origen desconocido para obtener ganancias ilícitas.
Tal cual se constata en el documento, los Asesores en la Sombra habrían empleado estos activos con la finalidad de obtener ganancias ilícitas una vez que “se copen las instituciones estatales que administran mayores recursos económicos”.
Segunda etapa.
Esta fase se habría gestado cuando ya era de conocimiento público el triunfo presidencial de Pedro Castillo tras la segunda vuelta electoral. Después del 6 de junio de 2021, “se habría instalado un centro de operaciones clandestinas en el inmueble del pasaje Sarratea n.° 179, distrito de Breña, provincia y departamento de Lima”.
Tercera etapa.
Esta etapa involucra “la adquisición de bienes y servicios como ejecución de obras. (…) El 29 de julio se habrían puesto en marcha las actividades ilícitas con la designación de Geiner Alvarado López como ministro en la cartera de Vivienda, Construcción y Saneamiento, así como Salatiel Marrufo Alcántara, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”.
Cuarta etapa.
Iniciada el 14 de septiembre de 2021, esta fase se caracteriza por las reuniones que Pedro Castillo habría tenido en Palacio de Gobierno con algunos representantes del Congreso de la República, en las cuales se habrían planteado acuerdos ilícitos de entrega de ministerios y direcciones.
Quinta etapa.
Después de que Bruno Pacheco cesara del cargo, el 23 de noviembre de 2021, “se desaparecieron dolosamente cuadernos y teléfonos celulares donde habría evidencia de actos colusorios gestados por la organización”, advierte el Poder Judicial.
Primer ministro dice que la denuncia carece de pruebas.
El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, aseguró que la denuncia constitucional que presentó la fiscal general en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo se basa en «dichos de terceros» no corroborados, que carecen de pruebas directas y contundentes.
«No conocemos el texto íntegro de esta denuncia, pero entre los hechos por los cuales lo denuncian (a Castillo) estaría el delito de organización criminal encabezada por el presidente de la República. Repito, sin una prueba directa, contundente», declaró Torres durante una conferencia con la prensa extranjera.
Agregó que la denuncia constitucional que presentó este martes en el Parlamento la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, contra el mandatario se basa en «dichos de terceros» y aseguró que esto, en su país, «solo puede constituir prueba cuando con corroborados con otras pruebas».
Así, la denuncia constitucional contra Castillo deberá pasar ahora por varios grupos parlamentarios que, de determinar su procedencia, harán llegar el trámite al pleno del Congreso para votar una eventual suspensión del gobernante.
