Este domingo 16 de noviembre de 2025, los ciudadanos ecuatorianos participarán en la decimoquinta consulta popular nacional desde el retorno a la democracia, enfrentando una papeleta única con cuatro preguntas y sus respectivos anexos. Entre ellas destaca la pregunta D, que propone la convocatoria de una asamblea constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución que reemplazaría la vigente desde 2008.
La eventual constituyente, según el estatuto propuesto por el presidente Daniel Noboa, estaría integrada por 80 asambleístas y funcionaría durante seis meses, con posibilidad de prórroga por dos meses adicionales. Los miembros serían elegidos mediante votación popular bajo reglas de listas cerradas y bloqueadas, respetando criterios de paridad y alternancia de género.
El estatuto detalla que la asamblea constituyente será un órgano temporal y extraordinario con el mandato de redactar y aprobar el proyecto de nueva Constitución y las disposiciones transitorias necesarias para su implementación. Una vez concluido, el texto final será sometido a referéndum aprobatorio.
La distribución de los 80 escaños sería de la siguiente manera: 24 asambleístas nacionales, 6 representantes de circunscripciones en el exterior —divididos entre Europa, Oceanía, Asia, América del Norte, Latinoamérica, Caribe y África— y 50 asambleístas provinciales, asignados en proporción a la población de cada provincia según el último censo.
La instalación de la asamblea se realizará dentro de los diez días siguientes a la proclamación de los resultados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con una mesa directiva provisional encabezada por los tres candidatos más votados a nivel nacional. Además, la asamblea contará con mesas de trabajo especializadas en áreas clave como derechos fundamentales, régimen económico, justicia, participación ciudadana, descentralización, ambiente y desarrollo social.
Los asambleístas constituyentes gozarán de inmunidad por las opiniones emitidas durante su mandato y percibirán la misma remuneración que los legisladores nacionales. Su labor estará sujeta a transparencia, con informes semanales sobre avances, votaciones y asistencia. Los ciudadanos podrán participar mediante audiencias públicas y plataformas digitales para presentar iniciativas respaldadas por al menos el 0,5 % del padrón electoral.
Finalmente, el estatuto garantiza que la asamblea constituyente funcionará con autonomía presupuestaria, controlada por la Contraloría General del Estado, y contará con un reglamento interno y un código de ética para asegurar disciplina y transparencia. El proyecto de Constitución aprobado será remitido al CNE para su referéndum, consolidando la decisión final del pueblo ecuatoriano.
Esta consulta representa un momento histórico para el país, permitiendo que los ciudadanos decidan directamente sobre el diseño de sus instituciones y el marco legal que regirá las próximas décadas.
