La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación por presunta asociación ilícita contra cinco dirigentes sociales y ambientalistas del Azuay, entre ellos el excandidato presidencial y activista indígena Yaku Pérez. Las primeras comparecencias tuvieron lugar la mañana del lunes 10 de noviembre de 2025 ante la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de la Fiscalía.
Entre los investigados figuran Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas del Azuay (FOA); Óscar Reinoso, dirigente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT); Edison Déleg y Sebastián Cevallos, del Frente Popular. Todos declararon ante la autoridad fiscal como parte de la investigación impulsada por el fiscal Severo Edgardo Ríos.
En un comunicado oficial, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) expresó su respaldo a los líderes procesados y denunció lo que califican como una “estrategia de criminalización y persecución política” contra defensores del agua y de los derechos colectivos.
“Estamos ante un gobierno represor que se dedica a perseguir a los defensores del agua”, manifestó Lauro Sigcha, quien además aseguró que continuarán defendiéndose dentro del proceso judicial.
Por su parte, Yaku Pérez declaró que este no es el primer proceso que enfrenta. Recordó que tanto él como Sigcha ya han sido acusados anteriormente de daño a bien ajeno y paralización de servicios públicos, procesos que, según dijo, también responden a una política de persecución hacia los movimientos sociales.
Pérez advirtió que podrían abrirse nuevos casos impulsados por el Gobierno, luego del archivo de una denuncia por tráfico de influencias presentada por organizaciones sociales del Azuay.
La FOA reiteró que diversas organizaciones del país han alertado sobre un patrón de judicialización de la protesta social y la utilización del sistema penal para intimidar a líderes comunitarios, ambientales y sindicales.
“Este tipo de procesos buscan debilitar la organización popular y el derecho a la resistencia consagrado en la Constitución”, señaló la federación, que además hizo un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación y organismos de derechos humanos a mantener la vigilancia frente a estos hechos.
Las investigaciones contra los dirigentes se originaron en el contexto del paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que se extendió durante 31 días en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel y a las políticas económicas del presidente Daniel Noboa.
Mientras tanto, los acusados continúan sosteniendo su inocencia y reafirmando su compromiso con la defensa del agua, la naturaleza y los derechos de las comunidades rurales del Azuay.
