La Defensoría del Pueblo anunció el inicio de una investigación formal por una posible vulneración del derecho ciudadano a acceder a servicios públicos de calidad en Guayaquil, luego de las recientes declaraciones del Gobierno sobre la contaminación del agua potable que abastece a la ciudad.
El pronunciamiento del presidente Daniel Noboa, quien afirmó que “en pleno 2025 hay quienes creen que está bien que Guayaquil consuma agua con caca, detergente, aluminio, plomo y cobre”, generó una ola de reacciones y puso nuevamente en el centro del debate la situación ambiental del río Daule, fuente de abastecimiento de la urbe.
De acuerdo con los análisis citados por el mandatario, el agua contendría niveles de aluminio 25 veces por encima de los límites permitidos, además de zinc, manganeso, cromo, nitritos y sulfuros.
Tanto el alcalde de Guayaquil como la empresa concesionaria Interagua rechazaron los señalamientos y aseguraron que el líquido que se distribuye a los hogares “cumple rigurosamente con todos los estándares de calidad establecidos en la normativa nacional y las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
La Defensoría pide transparencia y rendición de cuentas
El delegado provincial de la Defensoría del Pueblo en Guayas, Gonzalo Ortega, confirmó que se aplicará el procedimiento previsto en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.
“La investigación se realizará porque el acceso a un servicio público de calidad se relaciona directamente con el derecho a la salud y a una vida digna”, explicó Ortega. Añadió que la vida digna abarca “la salud, alimentación, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, descanso, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios básicos necesarios”.
Como parte de las diligencias iniciales, la institución solicitará informes técnicos actualizados sobre los controles de calidad del agua a tres entidades clave:
- La Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA).
- La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).
- La Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag).
Las notificaciones oficiales serán remitidas este lunes, con el objetivo de obtener información precisa sobre los análisis realizados y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del servicio.
Debate ambiental y exigencia ciudadana
La apertura de esta investigación se suma a una serie de cuestionamientos sobre la gestión del agua potable en Guayaquil. Durante los últimos meses, distintas organizaciones sociales y ambientales han alertado sobre posibles fallas en el control de calidad y en el tratamiento del recurso hídrico.
El anuncio de la Defensoría representa un paso institucional importante para determinar si se ha vulnerado el derecho al acceso a agua potable segura, garantizado por la Constitución ecuatoriana y los tratados internacionales sobre derechos humanos y medio ambiente.
La ciudadanía espera que la investigación permita esclarecer la situación real de la calidad del agua y, de ser necesario, establecer correctivos que aseguren un servicio transparente, técnico y responsable con la salud pública.
