El Servicio de Rentas Internas (SRI) aclaró que la transferencia de dominio del ganado bovino en pie, utilizado para la producción de carne o leche, se encuentra gravada con una tarifa de 0 % de IVA en todas las fases de comercialización. La confirmación se realizó a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, mediante el Consejo Nacional de la Leche y sus Derivados (CNL), en un comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter).
Esta aclaración surge a raíz de una solicitud del CNL, que buscaba despejar las dudas sobre la normativa tributaria vigente para el sector pecuario. Según la entidad, la medida está dirigida tanto a los ciudadanos como a los actores de la cadena láctea y ganadera, con el objetivo de brindar certeza jurídica sobre la tributación aplicable al comercio de ganado bovino.
“Esta confirmación reconoce que dichos animales tienen como destino final la alimentación humana, lo que refuerza la importancia de la producción pecuaria en la seguridad alimentaria nacional”, destacó el CNL en su comunicado.
El régimen tributario vigente establece que, aunque el ganado en pie sea objeto de transferencia de dominio entre productores o comercializadores, no se aplica el impuesto al valor agregado. Esto representa un alivio económico para los productores, quienes pueden planificar sus operaciones comerciales sin costos adicionales en materia de IVA.
El sector lácteo y cárnico desempeña un papel estratégico en la economía nacional y en la seguridad alimentaria, por lo que la claridad sobre la exención de IVA es clave para mantener la sostenibilidad del sector y garantizar la disponibilidad de productos de origen animal para la población.
El CNL recordó que la normativa está alineada con la finalidad de proteger y fomentar la actividad productiva en el país, reconociendo el valor social y económico de los productores de carne y leche. Este pronunciamiento busca además prevenir interpretaciones erróneas que puedan generar cargas tributarias innecesarias.
Con esta medida, el Gobierno refuerza su compromiso con el sector agropecuario, asegurando que las políticas tributarias faciliten la actividad productiva y contribuyan a la seguridad alimentaria, mientras se mantiene la transparencia en la aplicación de la ley.
