La Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, impulsada por el presidente Daniel Noboa Azín, fue oficialmente publicada en el Registro Oficial el viernes 24 de octubre de 2025, consolidándose como la sexta ley económico-urgente aprobada durante su administración.
El principal objetivo de esta normativa es fortalecer las capacidades estratégicas y operativas de las instituciones encargadas de la seguridad interna y la defensa nacional. A través de incentivos tributarios y facilidades para donaciones, el Gobierno busca canalizar nuevos recursos hacia las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, promoviendo la cooperación entre el sector público y privado en el ámbito de la seguridad ciudadana.
Según lo establecido, los contribuyentes nacionales podrán deducir hasta un 30 % del impuesto a la renta por concepto de donaciones destinadas al fortalecimiento de estas instituciones. Las donaciones pueden realizarse en bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, siempre en condiciones óptimas para su uso operativo. Este beneficio no otorga derecho a devolución, pero sí representa un incentivo directo a la responsabilidad social y la inversión en seguridad.
Además, la ley abre la posibilidad de recibir donaciones internacionales, provenientes de organismos multilaterales o Gobiernos extranjeros, en el marco de acuerdos de cooperación y conforme a la normativa vigente. Todo el proceso de recepción y uso de los recursos estará sujeto a mecanismos transparentes de rendición de cuentas, con el fin de garantizar que los fondos y bienes sean utilizados exclusivamente para los fines establecidos.
El Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio del Interior serán las entidades encargadas de administrar y supervisar los aportes recibidos, asegurando que se destinen al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de las fuerzas del orden.
Proceso legislativo
La tramitación de la ley se desarrolló en dos debates dentro de la Asamblea Nacional. El primer debate tuvo lugar el 14 de octubre de 2025, mientras que el segundo debate y la aprobación definitiva se llevaron a cabo el 23 de octubre del mismo año. Posteriormente, la normativa fue remitida al Ejecutivo y publicada oficialmente al día siguiente.
Con esta ley, el Gobierno busca modernizar la estructura de financiamiento de la seguridad nacional, fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias y mejorar la coordinación interinstitucional frente a los desafíos que enfrenta el país en materia de seguridad pública.
El presidente Noboa destacó que “el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional es una prioridad nacional, y esta ley es una herramienta que permitirá al Estado y a la sociedad trabajar juntos por un Ecuador más seguro”.
