Este lunes comenzó la última jornada del juicio contra Jorge Glas, exvicepresidente de Ecuador, quien enfrenta cargos por presunto peculado en el marco del caso Reconstrucción de Manabí. El proceso judicial investiga la posible malversación y abuso de recursos públicos asignados para las obras de reconstrucción luego del devastador terremoto que sacudió al país en abril de 2016.
El terremoto, con una magnitud de 7.8 grados, afectó severamente las provincias de Manabí y Esmeraldas, generando una emergencia nacional y la necesidad de una reconstrucción rápida y efectiva. Sin embargo, la Fiscalía acusa a Glas y otros implicados de haber desviado fondos públicos destinados a la recuperación, lo que habría retrasado y afectado la calidad de las obras prioritarias en la zona.
Durante la apertura del último día de audiencia, el exmandatario presentó su testimonio para defenderse ante las imputaciones que señalan un presunto abuso en la administración de esos recursos. La Fiscalía mantiene la acusación bajo el delito de peculado, contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), y ha sustentado su caso con evidencia que incluye documentos financieros, testimonios y auditorías.
Jorge Glas fue presidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo, cargo desde el cual tuvo responsabilidad directa en la supervisión y manejo de los fondos públicos. Su declaración es crucial para esclarecer las responsabilidades en este caso que ha generado gran expectativa nacional debido a la magnitud del daño que sufrió la región y la importancia de asegurar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La investigación comenzó tras múltiples denuncias ciudadanas y auditorías que evidenciaron discrepancias y posibles irregularidades en los contratos y el destino del dinero asignado a las obras. La reconstrucción tras el terremoto fue una prioridad para el gobierno, y este caso busca determinar si hubo actos ilícitos que perjudicaron el proceso y a las comunidades afectadas.
Este juicio es seguido de cerca por la opinión pública, dado que involucra a uno de los exfuncionarios de más alto perfil en Ecuador y pone en foco la necesidad de combatir la corrupción en la gestión estatal. Se espera que la resolución del tribunal siente un precedente para futuros procesos similares en el país.
