En Guayaquil, el gremio de taxistas enfrenta una crisis profunda causada por una combinación de factores como la reducción de clientes, limitaciones en los horarios por seguridad, competencia desleal con taxis informales y, especialmente, la ola creciente de delitos contra los conductores. Entre los más graves se encuentran las extorsiones y secuestros que afectan directamente a los trabajadores del volante.
Jorge Gómez, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis de Guayas, que agrupa a 114 cooperativas, principalmente de Guayaquil, expone la difícil realidad que viven estos choferes. Según sus declaraciones, aproximadamente el 10 % de estas cooperativas están obligadas a pagar ‘vacunas’ —una especie de extorsión— que van desde $1.500 hasta $4.000 mensuales. Esta cifra representa una carga económica significativa para un sector ya afectado por la caída de pasajeros.
“Es el compañero que se esfuerza más y tiene que pagar esa vacuna para poder trabajar tranquilo, aunque nunca hay tranquilidad,” comenta Gómez, quien recalca que estos pagos son impuestos por grupos delictivos que operan en la ciudad y sus alrededores. Además, señala que entre tres y cuatro conductores de taxis son víctimas de robos o secuestros cada mes, un dato alarmante que refleja la inseguridad que atraviesan.
Un gran problema que agrava la situación es la falta de denuncias formales. “Muchos compañeros no se atreven a denunciar por miedo a represalias o a que los casos no se resuelvan,” agrega el dirigente. Esta omisión dificulta la labor de la Policía y permite que los delincuentes continúen operando con impunidad.
La informalidad también impacta al sector, ya que taxis piratas ofrecen servicios sin controles ni garantías, afectando los ingresos de los choferes formales. Todo ello en un contexto donde los horarios de trabajo se han reducido por precaución ante la inseguridad, limitando las oportunidades de ganancia y aumentando la presión económica sobre los conductores.
La Unión de Cooperativas de Taxis de Guayas pide con urgencia mayores acciones por parte de las autoridades para proteger a los taxistas, aumentar la presencia policial en puntos críticos y fortalecer las investigaciones contra las bandas que extorsionan y secuestran a los trabajadores del volante.
Además, instan a implementar sistemas de seguridad, como cámaras y botones de pánico en los vehículos, que puedan ayudar a prevenir y atender situaciones de riesgo. Gómez concluye: “El sector necesita respaldo y confianza para poder seguir trabajando, no solo sobreviviendo.”
Este panorama preocupante pone en evidencia la urgencia de estrategias integrales para combatir la inseguridad que golpea al transporte público en Guayaquil y proteger a quienes día a día enfrentan estos riesgos para mantener sus familias.
