Desde este miércoles 11 de junio de 2025, entró en vigencia la Ley Orgánica de Inteligencia, normativa impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada por la Asamblea Nacional con 77 votos afirmativos. La ley ya ha sido publicada en el Registro Oficial, aunque aún falta la emisión de su reglamento ejecutivo.
La propuesta legislativa fue enviada por el Ejecutivo en un plazo sorprendentemente breve: menos de 15 días después de que Noboa asumiera el nuevo periodo gubernamental, el pasado 24 de mayo. La rapidez con la que avanzó este proyecto ha generado críticas de diversos sectores políticos, especialmente de la bancada de la Revolución Ciudadana, que advierte sobre los posibles riesgos de “abusos” y acciones judiciales por “inconstitucionalidad”.
El texto legal establece el Sistema Nacional de Inteligencia, que tendrá como misión proteger los elementos estructurales del Estado, así como garantizar los derechos de las personas ante situaciones de vulnerabilidad, amenazas y riesgos, tanto internos como externos. Según el Gobierno, esta norma permitirá fortalecer las capacidades del país en materia de seguridad nacional, prevención de conflictos y respuesta ante emergencias.
Sin embargo, organizaciones civiles y expertos constitucionalistas han encendido las alertas. Algunos sostienen que la ambigüedad del lenguaje empleado en la ley podría abrir la puerta a interpretaciones amplias, con implicaciones peligrosas para los derechos ciudadanos. “No se puede permitir que en nombre de la seguridad se invadan esferas de la vida privada sin supervisión judicial”, advirtió un jurista consultado por medios locales.
Uno de los puntos más debatidos es la definición del alcance de la “inteligencia estratégica” y las facultades del nuevo sistema para recopilar, almacenar o analizar información. Aunque se establece que se debe respetar el marco de los derechos humanos, críticos advierten que no hay suficientes mecanismos de control independiente para evitar que se utilice con fines políticos o persecutorios.
A pesar de las observaciones, desde el oficialismo se defiende la ley como una herramienta indispensable para enfrentar las amenazas del crimen organizado, el terrorismo y la desinformación. “Esta normativa es un paso necesario para reforzar la soberanía y garantizar la seguridad integral del Estado”, señalaron voceros del Ejecutivo.
En los próximos días se espera que se conforme el ente encargado de ejecutar y coordinar el sistema, así como la elaboración del reglamento que detalle los procedimientos y límites operativos. Mientras tanto, sectores de la oposición ya evalúan la posibilidad de interponer acciones ante la Corte Constitucional.
