El gobierno de Estados Unidos anunció oficialmente la terminación del permiso humanitario otorgado a unos 530.000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La decisión llega tras el fallo de la Corte Suprema en mayo, que autorizó a la administración revocar este estatus legal mientras continúa el litigio en tribunales inferiores.
El permiso, parte del programa de libertad condicional humanitaria creado para aliviar presiones migratorias, había sido otorgado a personas que ingresaron al país de manera regular con patrocinadores y bajo estrictas condiciones. Ahora, con esta decisión, quienes se acogieron a ese beneficio podrían enfrentar deportaciones o cambios sustanciales en su situación migratoria si no regularizan su estatus por otra vía.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que esta medida no implica expulsiones inmediatas, pero sí marca el fin de las renovaciones automáticas y la posibilidad de permanecer legalmente bajo esa figura. Cada caso será evaluado individualmente, y los migrantes afectados serán notificados con anticipación sobre los pasos a seguir.
El programa había sido defendido por organizaciones humanitarias y activistas que lo consideraban una herramienta vital para ofrecer protección temporal a personas que huían de crisis humanitarias en sus países. No obstante, varios estados liderados por gobernadores republicanos presentaron demandas argumentando que esta política incentivaba la inmigración irregular y sobrecargaba los recursos estatales.
El fallo de la Corte Suprema permite al gobierno federal suspender el uso de este permiso mientras el caso se resuelve en instancias menores, una batalla legal que podría prolongarse varios meses. Por ahora, los afectados deben buscar alternativas como solicitudes de asilo, TPS u otras formas de protección legal para evitar quedar en condición de irregularidad.
