Guayaquil, Ecuador – La lucha frontal del Gobierno contra el crimen organizado no da tregua. El presidente Daniel Noboa ha decidido extender el estado de excepción en ocho provincias clave y el Distrito Metropolitano de Quito, una medida que busca mantener el control y la seguridad ante la persistencia de una grave conmoción interna. La renovación, oficializada este martes, 10 de junio, a través del Decreto Ejecutivo n.º 23, estará vigente por 30 días adicionales, hasta el próximo 10 de julio de 2025.
Las provincias afectadas por esta extensión son Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y Sucumbíos, además del Distrito Metropolitano de Quito. Estas zonas han sido identificadas como epicentros de la violencia y la actividad de grupos armados organizados, que continúan representando una amenaza significativa para la paz social y el orden público.
La medida de estado de excepción fue implementada inicialmente el 12 de abril mediante el Decreto 599, y su prórroga subraya la continuidad de los desafíos en materia de seguridad. Según el Ejecutivo, el objetivo principal de esta extensión es garantizar el orden público, la paz social y la seguridad ciudadana frente al accionar implacable de estas organizaciones criminales.
El decreto oficial detalla que la renovación se fundamenta en la persistencia de los mismos factores que motivaron la declaratoria inicial, un sombrío panorama de violencia que incluye:
- Atentados: Ataques dirigidos a figuras públicas, fuerzas del orden o infraestructuras críticas.
- Homicidios: Las elevadas tasas de muertes violentas que continúan afectando a la población.
- Uso de explosivos: La alarmante proliferación de artefactos improvisados y el uso de explosivos en ataques y extorsiones.
- Violencia carcelaria: La inestabilidad y los recurrentes enfrentamientos dentro de los centros de privación de libertad, que siguen siendo centros de operación para las bandas.
- Amenazas de grupos criminales: La constante intimidación y los mensajes de terror que estas organizaciones envían a la población y a las autoridades.
La decisión del presidente Noboa refleja la gravedad de la situación de seguridad en el país y la necesidad de mantener a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional con facultades extraordinarias para combatir a las bandas delictivas. Durante un estado de excepción, se pueden suspender o limitar ciertos derechos constitucionales, como la libertad de reunión o la inviolabilidad de domicilio, para facilitar las operaciones de seguridad.
Si bien estas medidas son vistas por el Gobierno como cruciales para restablecer el orden, también generan debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades. La ciudadanía, por su parte, espera que estas renovaciones se traduzcan en resultados concretos y una disminución real de la violencia en sus comunidades. La extensión del estado de excepción es un recordatorio de que Ecuador sigue inmerso en un conflicto complejo y que la lucha contra el crimen organizado es una prioridad constante para el Estado.
