La reciente aprobación en la Asamblea Nacional que autoriza la instalación de bases militares extranjeras en Ecuador, con fines exclusivamente militares, representa un avance importante en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, este paso apenas es parte del proceso, ya que para su implementación definitiva será necesario superar otras instancias legales, incluyendo un referendo popular, según establece la normativa vigente.
Actualmente, la Constitución ecuatoriana no permite el establecimiento de bases o instalaciones militares extranjeras en el territorio nacional. De hecho, prohíbe expresamente ceder las bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad de otros países. Este marco legal obliga a que cualquier cambio constitucional debe pasar por un proceso riguroso que asegure el consentimiento popular y la legalidad del acuerdo.
Analistas y exfuncionarios destacan que, si bien la autorización legislativa es una señal positiva que puede fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad, no es suficiente para garantizar una efectiva reducción del crimen organizado, que continúa siendo uno de los principales problemas del país.
Para el sociólogo y experto en seguridad, Carlos Mejía, “la llegada de bases militares extranjeras puede brindar recursos adicionales y tecnología para enfrentar redes criminales, pero se necesitan acciones complementarias como reformas judiciales, mejoras en inteligencia y mayor control fronterizo.”
Por su parte, la exministra de Defensa, Elena Torres, apunta que “la seguridad nacional debe ser un esfuerzo integral. Las bases militares son bienvenidas como parte de una estrategia, pero el combate efectivo a la delincuencia requiere también de políticas sociales y coordinación regional.”
Este debate se da en un contexto donde Ecuador ha experimentado un aumento en los delitos relacionados con el crimen organizado, como el narcotráfico, extorsiones y sicariato. Según datos oficiales, en 2025 se ha registrado un incremento significativo en homicidios vinculados a estas actividades, lo que evidencia la urgencia de medidas contundentes.
Además del referendo, otros pasos legales y políticos deberán cumplirse para concretar la presencia extranjera con fines militares en Ecuador, garantizando que esta medida respete la soberanía nacional y los derechos ciudadanos.
En resumen, la aprobación de la Asamblea Nacional abre la puerta a un nuevo capítulo en la seguridad del país, pero la comunidad nacional e internacional debe acompañar esta medida con políticas integrales que permitan resultados efectivos en la lucha contra el crimen organizado.
