Luis Fernando G. P., ciudadano ecuatoriano, fue detenido en Milán, Italia, gracias a un operativo internacional coordinado entre la Policía Nacional del Ecuador, la Policía italiana y el Grupo de Localización de Fugitivos de Udyco Central de la Policía de España. El detenido está acusado de un delito de violación sexual, ocurrido en la provincia de El Oro, al sur del país.
Según información del Ministerio del Interior, Luis Fernando figuraba como el tercer individuo más buscado de El Oro por este tipo de delito. La detención se logró tras una investigación de inteligencia que permitió localizar su paradero en territorio europeo, donde se encontraba prófugo desde hace varios meses.
La coordinación fue posible gracias a la colaboración en tiempo real entre agencias policiales de tres países, en el marco de los acuerdos internacionales de cooperación para combatir el crimen transnacional. La información recopilada por agentes ecuatorianos fue clave para que las autoridades italianas pudieran ejecutar la captura en el sector donde residía el sospechoso.
De acuerdo con fuentes oficiales, el caso que vincula a Luis Fernando G. P. corresponde a un hecho ocurrido en El Oro, por el cual se había emitido una alerta roja de Interpol, activando los mecanismos internacionales de búsqueda y captura.
“La Policía del Ecuador, en trabajo articulado con sus homólogas en Europa, continúa firme en su compromiso de garantizar justicia para las víctimas”, indicó un vocero de la institución. El detenido será sometido a los trámites respectivos para su extradición a Ecuador, donde deberá enfrentar un proceso penal conforme a la ley vigente.
La colaboración entre cuerpos policiales de diferentes naciones ha sido fundamental en la localización de fugitivos que intentan evadir la justicia refugiándose en el extranjero. En este caso, la sinergia entre las fuerzas del orden permitió cerrar un cerco contra un individuo que representaba un riesgo latente para la seguridad y los derechos de las víctimas.
Este operativo se enmarca en la política del gobierno ecuatoriano de perseguir de forma activa a presuntos agresores sexuales, incluso fuera del territorio nacional, con el apoyo de organismos multilaterales y alianzas estratégicas bilaterales en materia de seguridad y justicia.
