La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), una entidad nacida desde la sociedad civil, celebra este 30 de mayo una década de existencia, comprometida con la fiscalización del poder público y la transparencia en el manejo de los recursos del Estado. Desde su creación en 2015, la consigna ha sido clara: no convertirse en plataforma para intereses político-electorales.
Este organismo surgió como una respuesta ciudadana a la falta de controles en el gobierno del entonces presidente Rafael Correa, periodo que, según sus fundadores, estuvo marcado por la opacidad en la administración pública y la concentración del poder que bloqueaba cualquier forma de fiscalización efectiva.
Durante estos diez años, la CNA ha sido protagonista de múltiples denuncias sobre irregularidades en contratos estatales y proyectos emblemáticos. Entre los casos más conocidos que ha puesto en evidencia se encuentran el proyecto hidroeléctrico Manduriacu, los sobreprecios en la Refinería del Pacífico, y anomalías detectadas en hospitales públicos, así como en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Más recientemente, la Comisión ha cuestionado fuertemente contratos con las empresas Progen y Austral, así como la concesión fallida del campo petrolero Sacha, lo que vuelve a colocar a este organismo en el centro del debate público por su rol vigilante.
Pese a su trayectoria, la gestión de la CNA no ha estado exenta de controversia. Algunos sectores la han acusado de tener motivaciones políticas, mientras que otros han destacado su independencia frente a los poderes tradicionales. Los propios integrantes de la Comisión han insistido en que su actuación se basa en principios éticos, sin vinculación con partidos ni proyectos electorales.
Uno de los principales logros de la CNA ha sido mantener su legitimidad frente a la ciudadanía, a pesar de haber enfrentado demandas legales por sus denuncias. Varios de sus miembros han sido procesados judicialmente, pero esto no ha frenado su accionar. Al contrario, según sus voceros, ha reforzado su compromiso de seguir siendo un canal de control ciudadano.
“La lucha contra la corrupción no puede depender solo de las instituciones del Estado, muchas veces cooptadas o debilitadas. Es necesario que la sociedad civil siga vigilante, activa y sin intereses ocultos”, ha sido una de las premisas más repetidas por sus voceros en este décimo aniversario.
En un escenario político marcado por la desconfianza hacia las instituciones, la Comisión Nacional Anticorrupción sigue siendo una referencia de participación ciudadana con impacto. Su permanencia, a pesar de las presiones, demuestra que es posible hacer fiscalización desde fuera del aparato estatal y con resultados visibles.
