En el marco del caso Liga2, la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, ha solicitado a la Asamblea Nacional la autorización necesaria para iniciar un proceso judicial contra Esther Cuesta Santana, exasambleísta del movimiento Revolución Ciudadana (RC). Esta solicitud es un paso previo a la posible vinculación de Cuesta, el excandidato presidencial Andrés Arauz y Raúl Carrión en la investigación por el delito de asociación ilícita.
El 19 de mayo pasado, la fiscal general Diana Salazar solicitó formalmente la vinculación de Esther Cuesta en el caso, junto con Arauz y Carrión. La jueza Camacho, al hacer este pedido a la Asamblea, busca garantizar el debido proceso, asegurando que los derechos de los involucrados sean respetados y evitando que se alegue falta de cumplimiento de los requisitos procesales más adelante.
Esther Cuesta, quien fue presidenta encargada de la Asamblea Nacional y es conocida por su vinculación al movimiento correísta, está siendo investigada en relación con la presunta vinculación a una red de asociación ilícita que habría operado bajo la influencia de su bancada. El caso ha tomado relevancia debido a la implicación de figuras clave dentro de la Revolución Ciudadana, y el Ministerio Público está buscando vincular a Cuesta con estos actos de presunta corrupción.
Por su parte, Andrés Arauz, quien fuera candidato presidencial en 2021 y actual secretario del movimiento RC, también está siendo considerado en la investigación. Aunque no se ha especificado el grado de su involucramiento, su vinculación al proceso sugiere que las autoridades están explorando posibles vínculos entre las estructuras del movimiento y actividades ilícitas.
Raúl Carrión, exsuperintendente de Bancos, también figura entre los investigados, aunque su designación como jefe del ente regulador fue anulada por la justicia ordinaria en 2022. Su aparición en la investigación destaca las ramificaciones de este caso en los sectores políticos y financieros del país.
La solicitud de la jueza Camacho al Legislativo es un trámite obligatorio, ya que según la Constitución de Ecuador, un exasambleísta no puede ser procesado sin que la Asamblea autorice la iniciación de una causa penal en su contra. Esta normativa busca proteger los derechos parlamentarios, aunque también establece un mecanismo de control para evitar abusos. Se espera que, una vez que la Asamblea Nacional otorgue la autorización, el caso avance y se pueda llevar a cabo la audiencia de formulación de cargos contra Cuesta, Arauz y Carrión.
Este proceso se inscribe en un contexto de creciente tensión política, donde las investigaciones judiciales sobre presunta corrupción se están intensificando, especialmente en torno a figuras asociadas con el correísmo. La resolución de la Asamblea Nacional sobre esta solicitud podría marcar un punto crucial en el desarrollo del caso Liga2 y en la carrera política de los implicados.
