Gobierno de Ecuador declara a tres estructuras criminales como grupos armados organizados
El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo Nº 632 este 15 de mayo, en el cual designa oficialmente a tres estructuras delictivas como grupos armados organizados (GAO). Esta medida responde a su participación directa en actividades violentas y su influencia en el actual conflicto armado interno que vive Ecuador.
Según el documento presidencial, las organizaciones identificadas son el ‘Frente Oliver Sinisterra’, las ‘Disidencias Comuneros del Sur’ y los ‘Comandos de la Frontera’. Todas ellas han sido señaladas como responsables de acciones delictivas graves en zonas fronterizas, donde operan con alto nivel de violencia.
Comandos de la Frontera y el asesinato de 11 militares ecuatorianos
Entre los hechos más graves atribuidos a estos grupos está el ataque ocurrido el pasado 9 de mayo, en el que once militares ecuatorianos perdieron la vida durante una operación de control en una zona minera de la Amazonía. Las investigaciones apuntan a los Comandos de la Frontera como los responsables directos de este crimen, que generó conmoción nacional y encendió las alarmas sobre la creciente influencia de organizaciones armadas en el país.
Informe de inteligencia motivó la declaratoria presidencial
El decreto se sustenta en un informe técnico elaborado por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). Este documento detalla una actualización individualizada sobre la presencia e impacto de organizaciones armadas en la frontera ecuatoriana. Según el CIES, estos grupos actúan con estructuras jerarquizadas, armamento de guerra, y vínculos transnacionales, lo que representa una amenaza directa para la seguridad interna del Estado.
Contexto: el conflicto interno y la respuesta del gobierno
Desde que el gobierno de Noboa declaró el conflicto armado interno en enero de 2024, las fuerzas del orden han emprendido operativos intensivos para recuperar el control territorial y neutralizar a las bandas criminales catalogadas como terroristas. Esta nueva clasificación busca reforzar el marco legal y permitir acciones más contundentes contra los responsables de hechos violentos.
Con esta declaratoria, las fuerzas militares y policiales podrán actuar bajo reglas específicas de enfrentamiento, propias de un escenario de guerra no convencional, lo que implica mayor respaldo operativo y legal para combatir a estos actores armados.
