La asambleísta electa por la Revolución Ciudadana, Priscila Schettini, y la abogada Angélica Porras anunciaron que no acatarán las medidas de reparación impuestas por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), tras ser sancionadas por violencia política de género en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez.
Mediante un video difundido en redes sociales el 4 de mayo, ambas afirmaron que no cumplirán con las disposiciones establecidas en la sentencia electoral, que incluyen la emisión de disculpas públicas y la eliminación de todas las publicaciones contra la fiscal Salazar de sus cuentas en la red social X (antes Twitter). Schettini calificó la resolución como una “represalia política” y Porras la tachó de “injusta y desproporcionada”.
El TCE confirmó la sentencia el pasado 1 de mayo de 2025, luego de que dos jueces y dos conjueces electorales negaran el recurso de apelación presentado por Schettini y Porras en junio de 2024. La resolución de instancia, emitida el 6 de junio del año pasado, estableció la suspensión de los derechos políticos de ambas por un período de tres años, al determinar que incurrieron en actos que constituyen violencia política de género contra una autoridad pública.
La normativa ecuatoriana reconoce la violencia política de género como toda acción o expresión que, motivada por razones de género, limite, obstaculice o anule el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. En este caso, el TCE argumentó que los mensajes difundidos por Schettini y Porras atentaron contra la integridad moral y profesional de la fiscal general, al exponerla a escarnio y descrédito en plataformas digitales.
A pesar de la decisión del tribunal, las sancionadas manifestaron que no aceptarán “ningún tipo de censura” y que consideran el fallo como una forma de criminalización del disenso. “No vamos a pedir disculpas por ejercer nuestro derecho a cuestionar el poder”, sostuvo Porras. Mientras tanto, diversas organizaciones sociales y políticas han expresado opiniones divididas: unas respaldan la firmeza del TCE en proteger los derechos de las mujeres en política, mientras otras cuestionan la medida como excesiva.
La negativa de Schettini y Porras a cumplir con las medidas reparatorias podría abrir un nuevo escenario legal, ya que el incumplimiento de una sentencia firme del TCE puede acarrear consecuencias adicionales, incluidas sanciones administrativas o judiciales. El tribunal aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los próximos pasos ante esta desobediencia pública.
Este caso se ha convertido en un punto de inflexión en la discusión sobre los límites de la crítica política, la violencia de género en espacios institucionales y el uso de redes sociales como herramienta de presión o agresión. Mientras tanto, se mantiene la tensión entre el cumplimiento de las garantías legales y el ejercicio de la libertad de expresión.
