El sistema judicial ecuatoriano actuó con rapidez tras conocerse la detención de James Daniel N. C., acusado de emitir amenazas de muerte contra el presidente de la República, Daniel Noboa. Durante la audiencia de formulación de cargos, realizada el lunes 22 de abril de 2025, un juez ordenó la prisión preventiva del sospechoso, quien fue trasladado inmediatamente al Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 1, ubicado en Guayaquil.
Según el informe policial, James Daniel N. C. fue aprehendido en el cantón Playas, en la provincia del Guayas, luego de que una fuente humana proporcionara información clave para su localización. Tras ser detenido, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales y se iniciaron los trámites correspondientes para investigar los hechos.
La Fiscalía General del Estado ha calificado el delito como una amenaza directa a la integridad del jefe de Estado, lo que constituye un agravante importante dentro del proceso penal. De ser hallado culpable, el imputado podría enfrentar una pena de hasta cinco años de prisión, en concordancia con el artículo 154 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona las amenazas contra autoridades públicas.
Durante la diligencia, el juez consideró que existía riesgo procesal y la posibilidad de fuga, por lo que aceptó el pedido de la Fiscalía y dictó la medida cautelar más grave: la prisión preventiva. Además, se destacó la gravedad del hecho al tratarse de un mensaje que atenta contra la vida del presidente en funciones, lo cual podría configurar también una amenaza al orden público y la seguridad nacional.
Aunque aún no se han revelado detalles específicos sobre el contenido de las amenazas, fuentes cercanas al caso indican que fueron expresadas en medios digitales, lo que también podría abrir un segundo frente de investigación vinculado al uso de redes sociales para incitar a la violencia.
Este incidente se produce en un contexto político delicado, en el que la seguridad presidencial ha sido reforzada en varias ocasiones ante alertas de posibles atentados. La Presidencia de la República no ha emitido un comunicado oficial al respecto, pero altos funcionarios han reiterado su compromiso con el respeto a las instituciones y el rechazo a cualquier acto de violencia.
