El caso judicial de Francisco Sebastián B. A., hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, ha sufrido una nueva modificación en su cronograma. Inicialmente, la continuación de la audiencia de juzgamiento estaba programada para el 9 de abril de 2025, pero el Tribunal de Juicio de la Unidad Anticorrupción ha decidido posponerla hasta los días 26 y 27 de mayo del mismo año. La decisión fue tomada debido a la suspensión de la audiencia el 11 de marzo pasado, cuando la Fiscalía presentó a 20 testigos y peritos en un intento por fundamentar su acusación.
Este caso, conocido como «Caso Nene», tiene como único procesado a Francisco Sebastián B. A., quien enfrenta acusaciones por tráfico de influencias. A pesar de que dos personas fueron inicialmente llamadas a juicio en noviembre de 2024, solo el hijo de la vicepresidenta ha sido formalmente procesado hasta ahora. La Fiscalía, representada por el fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Leonardo Alarcón, sostiene que Francisco Sebastián B. A. es el autor directo de este delito, de acuerdo con el artículo 286 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La acusación apunta a que el hijo de la vicepresidenta, junto con el exasesor de su madre, Daniel Lenín R.P., quien también enfrenta el llamado a juicio en suspenso debido a su estatus de prófugo, solicitó una parte del salario de un individuo que había sido ubicado en un cargo público dentro de la Vicepresidencia de la República. Según el fiscal Alarcón, las pruebas presentadas en la audiencia de juzgamiento demostrarán que Francisco Sebastián B. A. actuó conforme al delito de tráfico de influencias.
El «Caso Nene» se ha convertido en un tema de gran relevancia en el ámbito político y judicial del país, dado que involucra a un miembro cercano de la administración pública. La investigación sigue su curso mientras la Fiscalía continúa recopilando pruebas y testimonios con el fin de sustentar la acusación. La reprogramación de la audiencia para finales de mayo marcará un punto crucial en el desarrollo de este caso que sigue generando gran atención mediática.
Este proceso judicial no solo tiene implicaciones legales para los involucrados, sino también para la imagen de la vicepresidenta Verónica Abad, quien hasta el momento no ha sido acusada de manera directa en este caso. La situación podría afectar su desempeño en el ejercicio del poder público, por lo que la sociedad ecuatoriana está atenta al avance de la causa.
La continuación del juicio, prevista para mayo, será fundamental para esclarecer los detalles de este caso que involucra a figuras clave del gobierno ecuatoriano, y que podría tener repercusiones en la política del país.
