En el marco de la investigación por asociación ilícita en el denominado caso Liga2, la Fiscalía General del Estado ha solicitado las bitácoras de ingreso y salida del departamento que Augusto Verduga, exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), alquiló en Quito entre noviembre de 2024 y enero de 2025. Esta solicitud forma parte de la estrategia de la Fiscalía para recolectar evidencia que fortalezca el caso en contra de Verduga y otros implicados en una presunta trama de tráfico de influencias dentro del Estado ecuatoriano.
Verduga, junto a Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, quienes fueron también consejeros en el CPCCS y están relacionados con el movimiento correísta, es investigado por su presunta participación en delitos vinculados a la asociación ilícita. A partir de conversaciones encontradas en uno de los teléfonos celulares incautados a Verduga durante un allanamiento el pasado 24 de enero, se han detectado indicios de que estos consejeros formaban parte de una estrategia para tomar el control de las instituciones del Estado mediante maniobras ilegales.
Solicitud de bitácoras y vigilancia
La Fiscalía ha solicitado a la administración del edificio Torre Vicenza, donde Verduga residía, que entregue las bitácoras de ingreso y salida correspondientes a los meses de noviembre de 2024 a enero de 2025, con el objetivo de determinar quiénes estuvieron en contacto con el exconsejero durante este periodo. Además, se ha requerido información sobre si el edificio cuenta con un sistema de videovigilancia y, en caso afirmativo, el tiempo de grabación disponible para obtener más pruebas que puedan corroborar las sospechas de tráfico de influencias.
Según la administradora del edificio Torre Vicenza, Verduga alquiló el departamento 904 completamente amoblado desde mayo de 2023 hasta finales de enero de 2025. La esposa de Verduga habría comunicado a la propietaria del inmueble que no continuarían con el arrendamiento, lo que resultó en la finalización del contrato.
Contexto y antecedentes del caso
El caso Liga2 involucra a varios exfuncionarios del CPCCS, entre los que destacan Verduga, Saltos, Franco Loor y la actual consejera Nicole Bonifaz. La Fiscalía ha revelado que estos individuos habrían organizado una serie de estrategias ilícitas con el fin de tomar el control de diversas instituciones públicas, incluyendo el uso de su poder para influir en decisiones del Estado.
El fiscal general subrogante, Wilson Toainga, ha señalado que las pruebas obtenidas en los teléfonos celulares de los procesados incluyen conversaciones sobre la planificación de actividades ilegales, como el incumplimiento de decisiones legítimas y la usurpación de funciones públicas. Este tipo de actividades, según la Fiscalía, contribuirían a la desestabilización del sistema institucional del país.
Comparativa con el caso Purga
Este tipo de investigaciones, que incluyen la solicitud de bitácoras de ingreso y salida, no son nuevas para la Fiscalía. En el caso Purga, un caso similar relacionado con la infiltración de la justicia del Guayas, se solicitaron bitácoras de ingreso y salida de la urbanización Mocolí Golf Club en Samborondón, donde vivía el exasambleísta Pablo Muentes, condenado por ser uno de los líderes de una «organización criminal». Las bitácoras en ese caso confirmaron las visitas de jueces procesados, lo que fortaleció las acusaciones en su contra.
Este tipo de investigaciones busca esclarecer las redes de influencia y el tráfico de poder dentro de las instituciones del Estado, un fenómeno que ha sido denunciado por diversos sectores como una amenaza a la transparencia y la justicia en Ecuador.
Implicaciones del caso
El avance en el caso Liga2 ha puesto en evidencia las tensiones dentro del CPCCS y el uso de instituciones del Estado para fines personales y políticos. La solicitud de las bitácoras de ingreso y salida del departamento de Verduga es una pieza clave para comprender mejor el alcance de las actividades ilícitas y las personas involucradas en la toma de decisiones fraudulentas dentro de la esfera pública.
La Fiscalía continúa trabajando en la recopilación de pruebas para corroborar las acusaciones de asociación ilícita y tráfico de influencias, y se espera que este caso sea uno de los más relevantes en los próximos meses, con la posible implicación de más actores dentro del entramado de corrupción que se está investigando.
