Ecuador enfrenta una serie de desafíos relacionados con la crisis institucional, que se han agudizado en los últimos años. El constitucionalista José Chalco-Salgado señala que la constante inestabilidad en el ordenamiento jurídico del país se debe principalmente a que el poder político ha intentado controlar las instituciones en lugar de servirlas. Este fenómeno se ha reflejado en escándalos recurrentes en órganos como el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), cuyos miembros han sido destituidos tras juicios políticos. Además, la Corte Constitucional ha enfrentado cuestionamientos por no acatar sus propias decisiones, mientras que el sistema judicial ha sido infiltrado por grupos de poder y crimen organizado, como lo evidencian los casos Metástasis, Purga y Plaga.
Una encuesta reciente realizada por la Corporación Latinobarómetro muestra que más del 70% de los ecuatorianos considera que el país necesita cambios profundos o radicales. Esta sensación de desconfianza y malestar social es el contexto en el que los presidenciables han presentado sus propuestas para reformar el sistema.
Las propuestas de Daniel Noboa
Daniel Noboa, candidato por Acción Democrática Nacional (ADN), ha enfatizado la importancia de fortalecer las instituciones públicas mediante la creación de programas que fomenten una cultura de transparencia y eficiencia en el sector público. Noboa plantea la necesidad de capacitar a los funcionarios públicos para garantizar una mayor rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.
Uno de los puntos clave en su propuesta es la implementación de una asamblea constituyente para reformar la Constitución en aspectos fundamentales, como la eliminación de ciertos privilegios en el sistema judicial, la modificación de la aplicación de la prisión preventiva y la eliminación del CPCCS. Según Noboa, esta será una vía crucial para garantizar una reestructuración profunda de las instituciones ecuatorianas.
Además, Noboa propone una serie de medidas concretas para agilizar la gestión pública, como la digitalización de los servicios y la creación de un sistema de evaluación institucional que garantice la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos. Su plan incluye también el fortalecimiento de la independencia de los organismos de control para combatir la corrupción y mejorar la confianza en las instituciones.
Las propuestas de Luisa González
Por otro lado, Luisa González, candidata de la alianza Revolución Ciudadana-RETO, propone una reforma legal más gradual y enfocada en la modernización del sistema actual. González ha dejado claro que, aunque comparte la necesidad de cambios profundos, no considera que una asamblea constituyente sea necesaria en este momento. En su lugar, propone reformas legislativas que puedan ser impulsadas en la Asamblea Nacional, especialmente con el respaldo del correísmo en el próximo periodo legislativo.
En su plan, González destaca la importancia de garantizar la independencia de las funciones del Estado, en particular la Corte Constitucional y los órganos judiciales, para asegurar que los procesos judiciales se resuelvan con imparcialidad y respeto a la ley. Además, propone una reforma electoral que mejore la representación política y la legitimidad del gobierno, y una reforma del sistema judicial para evitar la influencia de poderes económicos y mediáticos.
A diferencia de Noboa, González no menciona explícitamente la convocatoria a una constituyente, pero no descarta esta opción en el futuro, dependiendo de la evolución de las necesidades del país. Su enfoque está más centrado en la eficiencia de las reformas legislativas y la restauración de la confianza en las instituciones existentes.
Opiniones de los expertos
Expertos constitucionales como José Chalco-Salgado coinciden en que la solución a la crisis institucional debe ser un proceso bien consensuado y no una simple medida de campaña. Según Chalco-Salgado, la reforma debe ser una reestructuración profunda de la Constitución, algo que podría lograrse a través de una constituyente, pero en el momento adecuado, con el consenso social necesario para evitar que sea solo un “discurso de campaña”.
El exasambleísta Héctor Muñoz también opina que algunas reformas, como la bicameralidad del Parlamento y la reducción del hiperpresidencialismo, no pueden lograrse mediante la vía legislativa. Sin embargo, destaca que el momento actual requiere atención a problemas urgentes como la inseguridad, la crisis económica y la inversión en el sector social, áreas en las que, según él, no es necesario un proceso constituyente.
