El 11 de marzo de 2025, el presidente Daniel Noboa firmó la derogación del Decreto 370, una medida que había otorgado una amnistía migratoria a los ciudadanos de nacionalidad venezolana en Ecuador, así como a sus grupos familiares. Esta decisión pone fin a un proceso extraordinario de regularización migratoria que permitía a los venezolanos acceder a una serie de beneficios que facilitaban su permanencia en el país, tras haber huido de la crisis social y económica de Venezuela.
El Decreto 370, que había sido emitido anteriormente, establecía que el Ministerio del Interior habilitara un proceso de registro extraordinario de permanencia migratoria. Este proceso permitía a los venezolanos en Ecuador renovar su Certificado de Registro de Permanencia Migratoria y obtener una autorización de permanencia que les otorgaba la posibilidad de acceder a una Visa de Residencia Temporal de Excepción (VIRTE II). Esta visa proporcionaba un estatus legal a los migrantes, garantizándoles ciertos derechos durante su estadía en Ecuador.
Las implicaciones de la derogación del Decreto 370
Con la derogación de este decreto, los migrantes venezolanos en Ecuador se enfrentan a una serie de desafíos. El fin de la amnistía migratoria significa que no podrán acceder al proceso de regularización que les había permitido permanecer en el país bajo un estatus legal y obtener permisos de residencia. Para aquellos que no hayan cumplido con los requisitos o que no hayan regularizado su situación en el tiempo estipulado, esta medida podría acarrear complicaciones en términos de acceso a servicios, empleo y otros derechos fundamentales.
La migración venezolana ha sido un tema crucial para Ecuador en los últimos años, dado que miles de ciudadanos venezolanos han llegado al país huyendo de la crisis en su nación. A pesar de la derogación de la amnistía, el gobierno ecuatoriano no ha señalado si se implementarán nuevas medidas de apoyo o si se buscarán otras alternativas para los migrantes en situación irregular.
Contexto de la medida
El Decreto 370 había sido promulgado como una respuesta a la situación de los migrantes venezolanos, quienes en su mayoría llegaron a Ecuador buscando un entorno más estable. La regularización migratoria permitía que los venezolanos pudieran acceder a servicios básicos, empleo formal y otros beneficios sociales que se les negaban al encontrarse en una situación de movilidad humana irregular. La derogación de este decreto genera incertidumbre sobre las políticas que se aplicarán a futuro para los venezolanos que no pudieron regularizar su situación en el tiempo disponible.
La decisión también refleja el contexto político y económico del país, que enfrenta presiones tanto internas como externas sobre la gestión de la migración. Ecuador ha sido un punto de tránsito importante para los venezolanos, pero la situación sigue siendo compleja debido a las restricciones y limitaciones en las políticas migratorias.
Reacciones ante la derogación
La derogación del Decreto 370 ha generado diversas reacciones, tanto dentro de Ecuador como en el ámbito internacional. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de migrantes han expresado su preocupación por el impacto que esta medida tendrá en los venezolanos, especialmente aquellos que no han podido completar el proceso de regularización. Muchos temen que esto pueda llevar a un aumento de la irregularidad migratoria y a nuevas dificultades para los migrantes, quienes podrían enfrentar situaciones de vulnerabilidad y discriminación.
Por otro lado, el gobierno ecuatoriano ha argumentado que esta medida forma parte de un proceso de ajuste y regulación más amplio de la migración en Ecuador, con el objetivo de mejorar la capacidad del país para gestionar el flujo migratorio. La regularización migratoria seguirá siendo un tema clave en la agenda política de Ecuador, y es probable que en los próximos meses se anuncien nuevas políticas para abordar la situación de los migrantes venezolanos en el país.
