A solo cinco semanas de las elecciones presidenciales de segunda vuelta, que se celebrarán el 13 de abril, la bancada Revolución Ciudadana (RC) ha puesto en marcha tres investigaciones en la Asamblea Nacional, activando dos comisiones legislativas permanentes en las que tiene mayoría. Según varios legisladores, estos procesos de fiscalización podrían generar incomodidad en el gobierno de Daniel Noboa, al tocar temas clave relacionados con presuntas irregularidades en la administración pública.
Las investigaciones en curso se centran en tres casos significativos: el caso Petronoboa, las supuestas irregularidades en la compra de chalecos para las Fuerzas Armadas, y la concesión del campo petrolero Sacha. Las comisiones de Seguridad Integral, Justicia y Fiscalización están disputándose la responsabilidad de avanzar con estos procesos.
Investigación sobre Petronoboa y tráfico de influencias
El primer tema que ha generado controversia es el caso Petronoboa, que involucra la compra y comercialización de derivados del petróleo. La bancada de Revolución Ciudadana denuncia que la empresa Petronoboa, aparentemente propiedad de Santiago Noboa (hermano del presidente Daniel Noboa), habría recibido favores indebidos en cuanto a los permisos para comercializar combustibles, lo que podría implicar tráfico de influencias.
Este caso está siendo investigado por la Comisión de Seguridad Integral, presidida por Inés Alarcón (ADN), desde el 19 de julio de 2024. En marzo de 2025, se intentó ampliar la investigación a raíz de nuevas denuncias, pero la bancada Acción Democrática Nacional (ADN) no logró reunir los votos suficientes para aprobar una resolución que extendiera el proceso. Además, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado también está tratando de asumir la fiscalización de este caso, lo que ha generado conflictos sobre qué mesa legislativa tiene la autoridad para continuar.
Irregularidades en la compra de chalecos para las FFAA
El segundo tema que ha captado la atención de las comisiones legislativas es la compra de chalecos para las Fuerzas Armadas. Según las denuncias, el gobierno habría contratado a un proveedor que en 2024 fue declarado incumplido, y los chalecos adquiridos no cumplirían con las especificaciones técnicas del contrato.
Ambas comisiones, Seguridad Integral y Justicia, se disputan la fiscalización de este caso, ya que ambas han solicitado la comparecencia de las mismas autoridades. La Comisión de Seguridad Integral, presidida por Alarcón, ha insistido en que ya se convocó al Ministro de Defensa, Gian Carlos Loffredo, el 26 de febrero de 2025, para esclarecer el caso. Sin embargo, la Comisión de Justicia también busca avanzar con la investigación, lo que ha generado tensiones debido a que el reglamento de la Asamblea Nacional prohíbe que dos comisiones investiguen el mismo tema simultáneamente.
La concesión del campo Sacha
El tercer tema en la agenda legislativa del correísmo es la concesión del campo petrolero Sacha, uno de los más importantes del país. El gobierno de Daniel Noboa defiende este proceso de concesión, argumentando que no se trata de una privatización, sino de una medida necesaria para asegurar los 1.500 millones de dólares que el Estado recibirá como parte de la adjudicación del campo. Sin embargo, desde Revolución Ciudadana se afirma que este proceso es, en realidad, un “atraco” al patrimonio del país.
El asambleísta oficialista Adrián Castro (ADN) ha manifestado que las investigaciones impulsadas por Revolución Ciudadana responden a una agenda política y electoralista. Según Castro, el correísmo intenta socavar la imagen del gobierno en un momento crítico, ya que Daniel Noboa sigue adelante en las encuestas con una ventaja de cinco puntos sobre el correísmo. Castro también señaló que los temas que se investigan ya han sido tratados por otras comisiones, y que las denuncias deberían presentarse directamente ante la Fiscalía General del Estado si se cuenta con pruebas suficientes.
Reacciones del correísmo y acusaciones de encubrimiento
Por su parte, Leonardo Berrezueta, legislador de Revolución Ciudadana, defendió las investigaciones y destacó que los temas que se están tratando son incómodos para el gobierno. Según Berrezueta, los casos de Petronoboa y la compra de chalecos son ejemplos claros de corrupción que deben ser expuestos, ya que implican posibles delitos de tráfico de influencias y irregularidades en contrataciones públicas.
Berrezueta criticó abiertamente a las comisiones oficialistas que, según él, intentan ocultar estos casos para proteger al gobierno de Daniel Noboa. Insistió en que el Código Penal establece que cualquier funcionario público que conozca de actos de corrupción y no los denuncie podría ser considerado cómplice, lo que incluiría a quienes se resisten a investigar estos casos dentro de la Asamblea Nacional.
